“Optamos por absolver al acusado Abelino Chub Caal de los delitos de asociación ilícita, usurpación agravada e incendio”. Esa fue la resolución de los jueces del Tribunal A de Mayor Riesgo, Iris Yassmin Barrios Aguilar, Patricia Isabel Bustamante García y Gervi Hionardo Sical Guerra.

Abelino Chub Caal es un líder indígena qeqchí que ha dedicado su vida a la defensa de los derechos de las comunidades de Izabal y a la protección de los recursos naturales. Su liderazgo le ha valido el reconocimiento de su pueblo, pero también persecución, amenazas y dos largos años de prisión injustificada.

Sí, Abelino estuvo privado de libertad sin haber cometido ningún ilícito. Así lo determinó un tribunal independiente. La suya fue —en un país como el nuestro— una de las tantas veces en que el derecho penal se ha utilizado como una herramienta de criminalización contra los pueblos indígenas —sus líderes y lideresas—. Una de las tantas veces en las que poderosos terratenientes utilizan el sistema de justicia para resquebrajar y golpear los movimientos de resistencia y defensa de la tierra y el territorio.

“…al analizar la acusación formulada por el Ministerio Público y las pruebas que se han producido en el debate, ha salido a la luz, que no existió la comisión de un hecho delictivo, por lo tanto al no existir un delito, lógicamente no se puede imponer una sanción. Siendo relevante el constatar que se está haciendo uso del derecho penal, como forma de resolver conflictos sociales, utilizando herramientas coercitivas que no son aplicables, como en el presente caso, cuando se ha utilizado la norma penal, para criminalizar la conducta del acusado, sin que reúna los elementos objetivos y subjetivos de los delitos que injustamente se le han atribuido”, señalaron los miembros del tribunal. ¿Más claro?

Pero no todos los jueces, juezas y fiscales son independientes. Muchos responden a los intereses de grupos de poder y sus investigaciones y resoluciones tienen precio o están influidas por el miedo y la coacción. Y, por supuesto, atravesadas por el racismo impregnado hasta la médula que nos ha hecho creer y repetir que los indígenas son subdesarrollados, violentos e ignorantes. Peor aún, personas sin derechos.

Esto explica porqué en un caso como el de Abelino Chub —donde no había pruebas para confirmar que se cometió un delito— se tuvo que llegar hasta el juicio oral para probar su inocencia. Aquí hay responsabilidad de los fiscales que presentaron una acusación sin sustento y también del juez que se prestó a esta dinámica perversa en la que se retuerce la justicia para favorecer intereses particulares.

Pero no extraña, es el mismo juez de Puerto Barrios que mantuvo detenido el proceso por la muerte de tres estudiantes de la Universidad del Valle ocurrido en la minera CGN, mientras se ha hecho de la vista gorda en casos de delitos de alto impacto.

Tampoco extraña que los recién estrenados defensores del debido proceso, la presunción de inocencia y el abuso de la prisión preventiva no hayan puesto el grito en el cielo por los atropellos cometidos en contra de Abelino Chub Caal. Ya vemos que la defensa de estos derechos tiene nombres y apellidos y empieza y termina con los acusados por graves casos de corrupción que forman parte del club y tienen “pedigrí”.

Usurpación agravada, coacción, asociación ilícita, retención ilegal. El mismo catálogo de delitos y el mismo patrón que se utiliza contra defensores de derechos humanos y líderes indígenas y campesinos. Pero aún en este país de la eterna injusticia y la perpetua impunidad existen juezas y jueces independientes y valientes que nos devuelven la esperanza en que se puede hacer justicia