En lo que va del año 2019, seis líderes de Codeca han sido asesinados. Estas muertes se suman a los asesinatos de otros seis dirigentes de esta organización, el año pasado, y otros tres del Comité Campesino del Altiplano (CCDA). A pesar de los hechos, las denuncias y las reuniones sostenidas con la fiscal general del Ministerio Público, Consuelo Porras, el MP no ha logrado esclarecer ni uno de estos homicidios. Así también, la Unidad de protección a defensores y defensoras de derechos humanos (Udefegua) reportó que en 2018 hubo un total de 392 agresiones contra defensores de derechos humanos, entre los cuales se cuentan 26 asesinatos, representando esta cifra un repunte de violencia homicida que no se había visto desde el año 2011. Tampoco en estos casos se le ve aliento al MP para dar con los responsables. Las denuncias siguen y siguen durante 2019. Mientras escribo, aparece en redes una denuncia más de la captura de un líder comunitario en Alta Verapaz, promovida, al parecer, por sujetos que intentan apoderarse ilegalmente de las tierras de una comunidad de Raxruhá.

¿A qué se debe tanta ineficiencia y desidia de parte del MP para la investigación de estos casos? Los asesinatos y agresiones contra defensores de derechos humanos y liderazgo campesino parecieran tener toda la intención de diezmar e intimidar a las organizaciones sociales y campesinas en el área rural, para que cejen en sus procesos organizativos, reivindicativos y de manifestación política en defensa de su derecho a la vida, el territorio, y el desarrollo desde su propia perspectiva. Es decir, hay una estrategia explícita de criminalización y violencia contra la población rural que parece tener un trasfondo económico y político. Quisiera que el MP pruebe lo contrario, identificando a los asesinos y presentándolos ante el sistema de justicia, que es lo que corresponde.

Pero eso no está ocurriendo. La pasividad en la que ha caído el MP es abismal; recuerda los peores tiempos de la institución y contrasta con la prontitud y eficiencia que ha mostrado para incursionar en temas de claro interés político para la actual administración de gobierno, como fue la imputación a Thelma Aldana, o las irregularidades ocurridas con el sistema informático empleado por el Tribunal Supremo Electoral para el registro del conteo de votos durante las elecciones de junio recién pasado. Lo hace, eso sí, luego de que el fiscal en jefe de la Fiscalía de Delitos Electorales Oscar Schaad tuviera que abandonar el país junto a su familia, por amenazas de muerte. ¿Por cierto, alguien en el MP investigó dichas amenazas? ¿O se quedaron tranquilos una vez el fiscal Schaad despejó el camino?

Tomó tres administraciones y un gran esfuerzo construir las capacidades instaladas que llegó a tener el MP y que le permitieron estos últimos años afrontar con mayor efectividad sus labores de investigación y persecución penal. Faltaba aún montón por hacer para estar satisfechos con la entidad, pero los retrocesos actuales ya están teniendo efectos desastrosos y costando vidas.

Estamos viviendo un período de extrema complejidad política, que amenaza con destruir lo poco que queda de imperio de la ley y de vigencia del Estado de derecho, tal y como se le conoció de 1985 para acá. El MP no puede ser cómplice de esta situación. La población rural, los campesinos y defensores locales de derechos humanos son blancos fáciles para la violencia homicida; la cota de racismo y discriminación que hace pensar que una vida campesina vale menos que la de un citadino de casta acomodada. Exigimos que el MP actúe finalmente y capture a los perpetradores y actores intelectuales de estos asesinatos.