Llegando a los últimos días del año es habitual reflexionar sobre ese período de doce meses que dejamos atrás. Preocupaciones, alegrías, esperanza, incertidumbre y muchas emociones más que formaron parte de nosotros forjaron diferentes experiencias y lecciones que nos servirán para el año entrante. De forma individual, seguramente el 2023 tuvo altibajos para todos, y por ello gran parte de los guatemaltecos probablemente ni se enteró de que el futuro democrático e institucional del país vivía también altibajos. Otros, por muy antipáticos a la política, no pudieron desentenderse del caos que vivió Guatemala y la preocupación ciudadana se hizo presente a lo largo del año. Por eso es inevitable ver hacia atrás para analizar el particular momento político que atravesamos y darnos cuenta de que hay mucho que afortunadamente no dimos por sentado.

El 2023 se avecinaba con grandes expectativas por ser otro año electoral que evidentemente tendría sus luces y sombras, como lo han tenido otros. Sin embargo, ocurrieron sucesos nunca vistos. Desde la extendida judicialización de candidaturas que alteraron dramáticamente la oferta electoral, campañas políticas que llegaron a niveles ridículamente vergonzosos, resultados electorales sorpresivos, investigaciones penales a candidatos electos, una clase política empecinada en continuar acumulando poder a costa de la población, las miradas de la comunidad internacional sobre el país, polarización social en aumento, hasta una transición de gobierno incierta y en peligro. Estoy segura de que a este recuento le hacen falta muchos otros acontecimientos.
No obstante, subyace en todos que la institucionalidad del país se ha debilitado tanto que vive sobre puros escombros, lo cual es sumamente preocupante. Aunque parece que estamos acostumbrados a vivir reparando esos escombros llamándolo una constante crisis política (por lo tanto, quizá llamar a todo “crisis” ya no es tan atinado), no hemos dado por sentado el sistema republicano, democrático y representativo que nuestra Constitución establece y anhelamos tener verdaderamente.

Así, la alternabilidad en el poder, es decir, que se cumpla en 2024 con la transición de gobierno, no es negociable para los guatemaltecos. Nos agraden o no las autoridades electas, el respaldo a que estas asuman el 14 de enero es amplio porque sabemos que ello significa respetar la alternancia en la república y la voluntad de los guatemaltecos expresada en las elecciones. Tampoco confiamos o somos ingenuos ante la acumulación de poder de las autoridades o funcionarios porque sabemos que eso lleva a que se borren las líneas que dividen los frenos y contrapesos efectivos para evitar abusos del poder público. De diferentes maneras también hemos expresado que valoramos nuestra soberanía individual para elegir a nuestros representantes en el Gobierno y en el Legislativo. Según datos del más reciente informe del Barómetro de las Américas, tres de cada cuatro guatemaltecos desconfían del Congreso. ¿Tiene por qué seguir así? Definitivamente, no. Debemos recuperar nuestro sistema representativo para tener una clase política decente.

Resuena lo dicho por Edmund Burke: “Para que el mal triunfe solo se necesita que los buenos no hagan nada”. Por ende, no podemos claudicar ni dar por sentados elementos básicos que sentimos nos arrebataban este año, pero no lo lograron ni lograrán. Entre estos, la garantía de la alternabilidad en el poder, los límites al poder público, el proceso democrático de elegir a quienes queremos que nos representen, y, sobre todo, el civismo combinado con esperanza para contribuir a un país de oportunidades dignas para los guatemaltecos.