La semana pasada tuve la oportunidad de participar como expositor en el III Foro Internacional de Logística Guatemala 2024, organizado por la Gremial de Logística de Guatemala y Cámara de Industria. El encuentro permitió profundizar más sobre los retos y oportunidades de la logística en el país y comentar a mayor detalle cómo Guatemala debe, no solo aumentar la inversión en infraestructura, que de por sí es baja en comparación a estándares internacionales, sino hacer cambios normativos, que permitan mayor competencia, transparencia y eficiencia en la inversión de infraestructura en Guatemala.

Durante mi intervención comencé mostrando las oportunidades del país y también algunos rezagos importantes según el Índice de Desempeño Logístico, publicado por el Banco Mundial, que ubica a Guatemala en la posición 88 de 139 países evaluados. A nivel global, el informe muestra que Singapur, Finlandia y Dinamarca lideran la evaluación, mientras que en América Latina los tres países con el mejor desempeño logístico son Brasil, Panamá y Chile.

Guatemala, sin lugar a duda, ha mejorado en varios aspectos y tiene retos importantes todavía en temas relacionados con aduanas e infraestructura. En el tema de aduanas, el esfuerzo de la SAT debe seguir avanzando para reducir los tiempos y costos en fronteras.

Sin embargo, donde estamos peor evaluados es en el tema de infraestructura, donde la formación bruta de capital fija pública ha sido de las más bajas del mundo, apenas 1.7% del PIB, y con la menor inversión en cuanto a metros de red vial por habitante, apenas un metro, cuando Panamá, por ejemplo, tiene 3.96 metros por habitante.

Estas disparidades sistémicas que han demostrado cómo en diferentes gobiernos desde el 2004 a la fecha apenas hemos sido capaces de construir 201 kilómetros nuevos de carretera en promedio por año, cuando deberíamos estar construyendo dos mil kilómetros por año, marcan un reto importante no solo para las autoridades del Gobierno, sino también del Congreso de la República, puesto que, como hemos visto, no importa qué persona esté en el ministerio o qué partido esté en el Gobierno, el sistema no funciona para aumentar el ritmo de nuevos kilómetros de red vial de forma más rápida, eficiente y transparente.

Por ello, tal y como se hizo en el pasado con otros sectores como el de telecomunicaciones o el de electricidad, es importante crear cambios legales que permitan en este sector tan importante de la economía generar la certeza jurídica que el país necesita. Muchos sectores no se percatan todavía de los enormes beneficios en materia económica de una Ley General de Infraestructura Vial, que está todavía pendiente de tercer debate en el Congreso de la República.

Si queremos acelerar la inversión pública, no podemos seguir con el mismo sistema de obra pública tradicional que no ha permitido aumentar la capacidad del Estado. La logística y la movilidad en nuestro país están limitando el crecimiento de Guatemala, y ahora es el momento de no solo aprobar la ley general de infraestructura vial, sino de hacer las reformas necesarias a la Ley de Anadie, para permitir más APP y aprobar también una ley del sistema marítimo portuario, que ayude a Guatemala a contar con más puertos.

Se habla mucho de competencia, pero poco de cómo realmente cambiar modelos de inversión en infraestructura de transporte que traería más beneficios tangibles al país. Este es el momento de posicionar de qué lado estamos o si queremos seguir con un sistema de obra pública tradicional que ha demostrado no sirve para las necesidades que tiene hoy Guatemala.