Además de la arquitectura emblemática de su Centro Histórico, una de las cosas que más me gusta de Xela es esa mezcla que tiene entre ciudad que quiere ser cosmopolita pero que a la vez no quiere perder su alma de poblado grande, donde la vida transcurre a un ritmo un poco menos vertiginoso y mucho más amable que el de la “Ciudad Feudal”. Me gusta también el fervor “chivo” por su terruño y la garra que mostraron en distintos momentos de la nefasta administración de Jimmy Morales y sus movilizaciones en contra de la corrupción que sentaron ejemplo para todo el país en varias ocasiones durante los últimos años.

Sin embargo, hoy los veo guardar silencio frente a la reciente decisión del juez de mayor riesgo de Quetzaltenango de clausurar el proceso por el caso de corrupción documentado en la municipalidad en el cual, según la Cicig y la Feci, el exalcalde Barrientos —alcalde durante 12 años— y otro conjunto de funcionarios, empresarios y familiares abusaron del erario al pedir comisiones por contratos otorgados. A pesar de ser más de cien los contratos de obra municipal donde se podría haber pedido mordida, en lugar de comprobar o desvanecer los hechos, el juez decidió sobreseer el caso, a pesar de que fueron 1,432 los elementos de prueba presentados por el MP.

¿Por qué no procedió el juicio para determinar la culpabilidad o inocencia de los acusados? Eso es lo que necesitamos como sociedad, que el sistema de justicia aclare los hechos y no que los meta debajo de la alfombra de la impunidad. En este caso, la argumentación del sobreseimiento está esencialmente basada en supuestas debilidades procesales, no en la firme conclusión, basada en evidencia, de que realmente no hubo abuso del erario.

Se espera, por las notas de prensa, que el Ministerio Público apele dicha resolución del juez. Sin embargo, sobreseer el caso sienta un nefasto precedente para lo que sabemos que ocurre en las administraciones municipales de todo el país, plagadas de casos de abuso de poder, clientelismo, corrupción y el “hacer obra” con los cuates, con las empresas propias disfrazadas, o encargadas a familiares. Con obra que difícilmente pasaría pruebas de calidad si estas se hicieran y que frecuentemente se hacen más para justiciar el gasto y generar la ganancia privada que pensando en resolver las necesidades de la población. Basta saber cómo durante esos 12 años la Municipalidad de Quetzaltenango condenó a sus habitantes a constantes apagones de energía eléctrica, y al resto del país a subsidiar por años el valor de la energía eléctrica consumida en Xela, con tal de mantener la simpatía de la gente.

Acá no estaban en juego solamente los Q20 millones en que se estimó el tamaño de las coimas por contratos conferidos en la acusación que planteó el MP. Está en juego el mensaje que reciben todas las autoridades ediles del país de que podrán operar opacamente sin sufrir las consecuencias. El caso de la Municipalidad de Xela es similar a los casos que tocan los fideicomisos de la Municipalidad de Guatemala, que tampoco avanzan.

El mensaje que el sistema de justicia envía a la sociedad es que las decisiones ediles que privilegian los negocios particulares sobre el bien común tienen ganancias de corto plazo para esos particulares, pero consecuencias altamente negativas de desarrollo de mediano y de largo plazo para las comunidades y ciudades que deberían estar siendo motores del desarrollo y de la economía regional. Estos costos económicos, sociales y ambientales no se han cuantificado, pero son evidentes en el atraso manifiesto de la gestión de la ciudad de Quetzaltenango y las condiciones de su infraestructura urbana.