La próxima visita de la vicepresidente de EE. UU., Kamala Harris, ocurre en un momento crítico porque el Estado de Derecho ha sido violentado en Guatemala. El país ha sido puesto de rodillas por una alianza que va desde el gran empresariado, la partidocracia tradicional, militares y funcionarios que tienen vasos comunicantes con el crimen organizado. Esa entente ha cooptado todos los espacios institucionales y amenaza con destruir los pocos avances en la lucha contra la corrupción. Se trata de una estructura cuyo objetivo es el control político y el saqueo de los recursos públicos, lo cual impacta en un mayor nivel de pobreza. Esa situación está relacionada con los dos temas de importancia que trae en su agenda Harris: la migración irregular y la lucha contra la corrupción, pero no soy muy optimista. Aunque la potencia del norte estuviera interesada en revertir ese proceso de deterioro en Guatemala, existen factores que no lo hacen viable.

¿Cuál es el escenario que tendrá frente a sí la vicepresidenta estadounidense? El presidente Alejandro Giammattei, con quien hablará sobre la lucha contra la corrupción, es el principal operador de las fuerzas oscurantistas en el país. El mandatario guatemalteco ha sido el artífice de constituir la alianza que domina el Congreso, en el cual mantiene vínculos estrechos con el narcopartido Unidad del Cambio Nacional, al que le dio la vicepresidencia de ese organismo. Esas fuerzas son las que mantienen el control de la Corte Suprema de Justicia, Ministerio Público, Contraloría General y Tribunal Supremo Electoral. A esa lista han agregado un nuevo trofeo: la Corte de Constitucionalidad, que ahora ya no es más un organismo de contrapeso. Gimmattei colocó en la CC a su anterior secretaria general, Leyla Lemus, como magistrada y quien es otra operadora del Pacto de corruptos.

¿Compromiso con la lucha contra la corrupción? Qué va, el presidente Giammattei quiere lo contrario y lo ha dicho claramente. Esta semana la agencia Reuter publicó una entrevista con el mandatario en el que ataca al fiscal Juan Francisco Sandoval. A diferencia del Departamento de Estado de EE. UU. que califica a Sandoval como “campeón anticorrupción”, Giammattei lo señala de ser alguien que persigue por razones ideológicas. En forma paralela, la CC admitió un recurso de inconstitucionalidad contra la FECI. ¿Coincidencia?, para nada, todo está fríamente calculado para tratar de desmantelar esa fiscalía.
Sin embargo, para los aliados de Giammattei, no hay problema. Es el caso de Nester Vásquez, magistrado electo de la CC, a quien alabó pese a que existen señalamientos de haber sido parte de la estructura de Gustavo Alejos para cooptar las cortes. Tampoco dice nada de que el nuevo presidente del Tribunal Supremo Electoral, Ranulfo Rafael Rojas, presentó documentación falsa en la comisión de postulación en el 2020. Entonces, vemos cómo el presidente Giammattei, que debería ser el representante de la unidad nacional, responde al Pacto de corruptos.

Tan solo estos hechos podrían determinar que EE. UU. no considerara como su aliado a Giammattei y a esa nefasta coalición. Sin embargo, la política estadounidense se encuentra sobre arenas movedizas en Centroamérica. Honduras está gobernada por un narcopresidente, Nicaragua está bajo el control de una dictadura sanguinaria y El Salvador tiene un presidente que le ha volteado la cara. De ahí que Guatemala se presente como la opción “más amigable” del istmo, por lo que es poco probable que la Casa Blanca esté interesada en crear olas innecesarias y se mueva más por la suavidad diplomática. Sí, claro, la vicepresidenta y demás funcionarios estadounidenses continuarán con el discurso de la lucha contra la corrupción, le retirarán más visas a uno que a otro, pero quizá no pasen de ahí. Ojalá me equivoque.