He comenzado varias veces esta columna y me quedo con esta introducción: ¡Déjenos de joder para poder trabajar y producir! Creo que esa oración reduce todo el güiri güiri que deambula por doquier para explicar la situación que estamos viviendo en nuestro país. La data cruda de los análisis económicos: el ahorcamiento de la economía; la disfuncionalidad de la separación de poderes; los problemas sistémicos y estructurales agravándose cada día, creando un entorno hostil y adverso hacia el empresario, la inversión y la propiedad privada.

Se sigue violando la única fórmula para desarrollar nuestro país: atraer inversión para generar riqueza y empleos, disminuir la tasa de pobreza —incluyendo los impuestos necesarios para el funcionamiento del Estado—, un ambiente propicio, estable, que garantice el patrimonio de los guatemaltecos, con leyes y normas simples, fáciles de aplicar y respetar.

Somos el penúltimo país de Latinoamérica en la recepción de inversiones. A la par de Venezuela… así como lo lee. Las razones están a la vista: “42 posiciones ha perdido el país en el pilar de instituciones durante la última década en el Índice de Competitividad Global”. En el pilar de infraestructura, según el Índice de Competitividad Global 2018, Guatemala ocupa el puesto 96 de 140. Y en el indicador de cumplimiento de contratos, según el Doing Business 2019, Guatemala está en el 175 de 190. Sacar una licencia, iniciar un trámite, pedir la devolución del IVA, todo está hecho para arruinar al productor.

Solo con el cierre de las minas San Rafael y los problemas de OXEC II se han dejado de percibir más de 2 mil millones de quetzales en impuestos, empleos, etc. La imagen de Guatemala a nivel internacional quedó devastada. Recuperar la confianza de los inversionistas tardará años, aunque se subsanen las condiciones que la causaron.

Esa interpretación que hizo la Corte de Constitucionalidad contra esas empresas mató el futuro de los proyectos grandes en Guatemala. Y como lo dijo un conocido empresario: “es una condena para que no se vuelva a abrir otra hidroeléctrica o explotación de minerales en el país”. Las condiciones son tantas y tan absurdas que ningún bufete de abogados podrá hacer un due diligence para garantir certeza jurídica a sus clientes. No existe, está acabada y a merced del poder discrecional de estos magistrados y funcionarios.

Está redactada por leguleyos que jamás han pagado una planilla, son absolutamente ignorantes del funcionamiento de una economía y se han dedicado con saña y ex profesa discrecionalidad a destruir ese sector.

Si dividiéramos los votos de cada uno de esos tres magistrados: Gloria Porras a la cabeza, Boanerges Mejia y Mata Vela, por cada proyecto y fallo que han hecho, serían los magistrados más destructivos y dañinos en la historia económica/jurídica del país.

Están metidos hasta el cepillo en avanzar una ideología de destrucción de la economía y siempre han estado ligados a agendas ideológicas espurias, sirviendo de operadores de la “mancha verde” y de otras instancias… Ya están garantizados por otros cinco años. Si llega al poder.. “no tengan pena que les arreglo el asunto y ya estoy en proceso de deshacerme de las otras dos competidoras…”. “Y adelantemos las comisiones de Postulación para poder iniciar la cooptación de las mismas…”.

La justicia está en trapos de cucaracha. El reciente fallo de la jueza Aifán rechazando de tajo el “criterio de oportunidad” que solicitaron los guatemaltecos que contribuyeron para pagar fiscales y evitar un fraude electoral son tratados como criminales, mientras la candidata principal se resguarda con la inmunidad de sus credenciales un día después que “cabalito” le iban a caer encima por defraudaciones electorales multimillonarias.
La República está en trozos. Jodidos estamos.