En estos días es común percibir un desánimo en relación con las elecciones generales del próximo año. Los argumentos giran desde la apatía, desconfianza hasta enojo por no ver “algo nuevo” o novedoso. Esto se suma además a una medición con tendencia a la baja en percepción en torno a la democracia en Guatemala.

La clase política que tenemos en gran medida es resultado de la ley electoral que regula quién y cómo se puede participar en la política. Los malos resultados de algunos políticos han permitido que como sociedad se demonice la política trayendo resultados negativos para la posibilidad de mejorar la clase política.

La última reforma a la ley electoral y de partidos políticos fue en el 2016. Las fuerzas políticas de ese entonces fueron muy hábiles en alinear el malestar ciudadano con los políticos para realizar una reforma altamente restrictiva. Quedando como resultado una ley que prohíbe en muchas formas la participación política y libertad de expresión, prohíbe que los participantes puedan decidir en dónde comunicarse y a qué audiencia dirigirse. Se prohíbe en pocas palabras: hacer política.

¿Por qué se reguló la participación política de una forma tan restrictiva? El beneficio de las fuerzas políticas, de ese entonces, era claro: restringir para que fueran los pactos políticos ya consolidados quienes se beneficiaran de esas reformas. Cayeron en el error de creer que siempre estarían en dicha posición. Incluso muchos de los diputados que fueron promotores y lograron aprobar dicha reforma ahora afrontan una posición diferente y se ven perjudicados en la regulación de participación política que lideraron en su momento.

La mejor regulación del sistema electoral es aquella que permite y promueve la libertad de participación en todas sus expresiones. No podemos esperar tener nuevos políticos si la libertad de expresión de personas que quieran postularse está amenazada. No podemos esperar promover más fiscalización ciudadana hacia sus representantes si la forma de elección es oscura y los candidatos se esconden detrás del logo de un partido. No podemos esperar sanear el origen de los fondos que apoyan proyectos políticos si estos se prohíben, y así la lista sigue. Algunos políticos están muy cómodos con la regulación actual ya que no tienen mayor competencia y creen que eso “les permite” seguir en el sistema. Sin embargo, deben verse en el espejo de sus antecesores que aprobaron dicha reforma restrictiva y ahora ven amenazada su participación política.

Los ciudadanos debemos de unirnos en torno a promover más y mejor participación política. El primer paso es exigir que se eliminen las restricciones de la participación política que se encuentran en la ley electoral, así como cambiar la forma de votación de los diputados para que sean los ciudadanos quienes elijan de forma directa y más libre.

Reformar la ley electoral de una forma con los correctos incentivos para mejorar la participación política es una importante para poder solucionar los problemas de la coyuntura política que vemos y se discuten constantemente sin encontrar una solución real a dichos problemas. Reformar la ley electoral además puede ser un ejercicio de discusión y debate ciudadano que pueda ayudar a aliviar la polarización social que vivimos, esto requiere de liderazgos que piensen en mejorar el futuro del país.

Mejoremos la clase política.