DE MIS NOTAS
Los “jodieles” de los pactos colectivos
Macondo ha tenido, desde hace más de una década, reyes sindicales a lo Jodiel… Pululan por todos los ministerios y municipalidades, especialmente en el Ministerio de Educación. Han podido persuadir mediante extorsiones clientelares a los gobiernos de turno, comprobando con tildes y comas la teoría de la “opción pública” del premio Nobel James Buchanan, quien sostiene que los funcionarios públicos a menudo actúan en su propio interés, en lugar del interés público; por lo tanto, argumenta que las burocracias tienden a crecer y los políticos tienden a favorecer nuevos gastos y recortes de impuestos, dejando las facturas para el futuro. Para evitar tales opciones, Buchanan abogó por una enmienda constitucional que requiera un presupuesto federal equilibrado, para obligar a los políticos a reducir el gasto.
¿Un presupuesto equilibrado en Guatemala con la clase política que tenemos? Más realista es la sentencia lapidaria de Federic Bastiat: “El Estado es la gran ficción a través del cual todo el mundo se esfuerza por vivir a costa de todo el mundo”.
Y, bueno, que de eso se trata la firma de los pactos colectivos que los contribuyentes pagamos y seguiremos pagando, porque conviene a los intereses de los gobiernos de turno y al jefe del grupillo de presión, que con argucia y manipulación pueden concretar a cambio del voto o apoyo político una “renta política”.
El último pacto colectivo del Mineduc costó más de Q4 mil millones a los guatemaltecos, pero no se han traducido en mejores servicios educativos. De hecho, si se ve el presupuesto de los 10 últimos años, debido a los tres pactos colectivos tenemos más de tres veces el presupuesto que teníamos, y con una cobertura de primaria que bajó del 95 al 78 por ciento. Los aumentos salariales continuos solo han favorecido a los maestros, pero se redujo la cobertura educativa y en 10 años el presupuesto pasó de destinar un 60% para funcionamiento y 40% para inversión a desembolsar 80% para funcionamiento y 20% para inversión. /Cien 2019
' Los pactos colectivos se han convertido en un dilema constitucional entre el derecho sindical y el bien común.
Alfred Kaltschmitt
Ahora entendemos por qué las aulas son grises como grises son los pizarrones, sucias las paredes, hediondos los baños, vacíos los grifos de agua, oscuros los salones y destruidos los escritorios. Es el sistema de educación pública de Guatemala.
Los niños no han ganado. La calidad de la educación no ha mejorado. Se han despachado con grosera avidez beneficios que favorecen a sus afiliados, pero no al bien común. En el caso del Ministerio de Educación, en 2019 se evaluó a 157 mil 318 estudiantes de 4 mil 300 establecimientos del sector público; únicamente el 13 por ciento tiene resultados favorables en Matemáticas y el 37 por ciento en Lectura. Al momento, Guatemala se mantiene con una de las tasas de repitencia más altas en la región, con el 42 por ciento, según el Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes (Pisa). En términos de costo beneficio es una pérdida total y un desperdicio absurdo.
Los pactos colectivos se han tenido que pagar con préstamos. ¿Existe una ley que prohíbe pagar gastos de funcionamiento con deuda? Los pactos colectivos se han convertido en un dilema constitucional en el que deben aclarar los límites entre el derecho sindical y el bien común.
Ha ganado Jodiel, pero perdieron los alumnos a quien él, en su demagogia irreverente, dice defender. Ganaron los maestros afiliados con sus prebendas de todo tipo, libres de indicadores de buen desempeño y métricas de aprendizaje de alumnos.
Y seguirá perdiendo Guatemala en tanto este problema sistémico, cíclico y perverso continúe.