Alejandro Sinibaldi Aparicio, exministro de Comunicaciones, es uno de los principales representantes de esa clase política corrupta que no solo utilizó las estructuras del Estado para enriquecerse, sino para incidir en la conformación de diferentes organismos, como la Corte Suprema de Justicia, la junta directiva del Congreso y la Contraloría General, entre otros. Por supuesto, no fue por amor a la democracia, sino para tenerlos en la palma de la mano en caso de tráfico de influencias. Además, es un exponente de esa partidocracia que ha descompuesto el sistema político porque mantuvo negocios turbios con su “contrincante” Manuel Baldizón, mientras financiaba la campaña proselitista de su otro oponente, Jimmy Morales. Esta semana, Sinibaldi llegó al país y lo primero que hizo fue presentarse como víctima de una maquinaria de corrupción controlada por empresarios de la construcción.

La fiscal general, Consuelo Porras, informó que desde hace nueve meses los abogados de Sinibaldi plantearon la posibilidad de que este se pusiera a disposición de la justicia, por lo que se coordinó con la Interpol su traslado al país. ¿Por qué decidió el exministro dejar su privilegiada vida en el exterior y entregarse? Pueden haber varias motivaciones, pero quizá una de las principales sea la continuidad de un sistema de justicia en el que fue uno de los principales operadores para imponer magistrados, quienes están en deuda con él. ¿Podrá convertirse en testigo protegido? Es una buena pregunta para el Ministerio Público, si se toma en cuenta que Sinibaldi conformó el trío de facinerosos, junto con Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, que durante los años 2012-2015 llevaron al extremo el saqueo de los recursos del Estado, extorsionaron a empresarios y desarrollaron todo tipo de negocios oscuros.

El exministro está vinculado a los casos Cooptación del Estado, Construcción y corrupción en sus fases I y II, Odebrecht y Transurbano. Los casos cuentan con testimonios de personas que estuvieron cercanas a Sinibaldi. Por ejemplo, la declaración de una de sus asistentes señala que el exfuncionario creó una estructura para exigir, presionar, cobrar y depositar los sobornos de los contratistas del Ministerio de Comunicaciones. Los sobornos llegaron al 15% a las constructoras y constituyó más de 40 empresas de cartón para lavar el dinero obtenido de esas operaciones. Según la investigación, era tanto el flujo de dinero que en las cajas fuertes llegó a tener hasta Q5 millones en efectivo. Con esos recursos compró helicópteros, uno de los cuales proporcionó a Jimmy Morales para que lo usara en la campaña electoral, así como vehículos de todo tipo, fincas y apartamentos en varias partes del país.

En el caso Odebrecht, Sinibaldi compartió el botín con Baldizón. De ese negocio con la compañía brasileña, el exministro obtuvo unos US$19.7 millones, de los cuales entregó US$3 millones a Baldizón y US$4.9 millones a Carlos Batres, propietario de las farmacias Batres. Con el presidenciable del partido Líder, el exministro también fue socio para la elección de los actuales magistrados de la Corte Suprema de Justicia, la junta directiva del Congreso, distribución de comisiones legislativas, así como la utilización del Ministerio de Desarrollo Social para utilizar sus recursos para la campaña proselitista. Ahora bien, ya en la carrera por la Presidencia, Baldizón utilizó a personas como Rodrigo Arenas, del Movimiento Cívico Nacional, a quien le financió la campaña “No te toca”, contra su socio de negocios turbios y que finalmente habría de servir a Jimmy Morales. Como se ve, no estamos frente a una víctima de empresarios, sino a un político corrupto que se sirvió de su cargo para cometer tropelías y que ahora habría llegado al país pensando que la justicia podría tratarlo con guantes de seda.