La incapacidad por mejorar de forma significativa la calidad de vida de los guatemaltecos se traduce de forma latente en un rechazo considerable a los líderes de la política tradicional guatemalteca. De esta cuenta se presentan como nunca antes las condiciones para diseñar, proponer y ejecutar cambios profundos en la administración pública.

Si bien estos cambios deberían ser graduales, consistentes y estratégicos (soft transitions) para lograr la conciliación de la percepción de “urgencia”, con el reconocimiento de las necesidades que se presentan, también es importante entender que en gran medida su éxito depende de nuestra capacidad como guatemaltecos de construir puentes, respetar acuerdos mínimos y establecer expectativas honestas.
El primer paso empieza por aprender a escucharnos a nosotros mismos y a los demás de manera crítica, pues en la capacidad del diálogo y el debate descansa la confianza que abriría las puertas para el desarrollo del país.

Un segundo paso fundamental para materializar la promesa del sistema democrático guatemalteco consiste en no perder de vista las necesidades, sueños, demandas y aspiraciones de los ciudadanos.
En este punto resulta vital reconocer a los gobiernos locales como los protagonistas de la gestión y ejecución de muchos de los servicios públicos, los cuales determinarán en gran medida el éxito de la articulación de las propuestas construidas en el marco del diálogo y el debate.

Agua, movilidad, infraestructura, empleo, seguridad y educación son algunas de las demandas que acompañan el reclamo de los principios de la libertad, transparencia, rendición de cuentas y democracia de los ciudadanos.

Si bien es cierto que las últimas tres consignas dependen en gran medida del actuar de quienes hoy lideran la gestión pública, también lo es que serán juzgados en gran medida por la calidad de resultados que puedan entregar de manera eficaz y eficiente a la ciudadanía.

Así, el tercer paso en una carrera de largo plazo para relegitimar la democracia y sus resultados en el país consiste en asumir el reto de mantener vigente, coherente y responsable el llamado a la defensa de la libertad, el estado de Derecho y la democracia en el país.

Si bien es cierto que existe una narrativa en redes sociales que es acompañada de expresiones públicas de apoyo a la defensa de los principios que fundamentan de la democracia, existe también evidencia como el Informe Latinobarómetro 2023: La recesión democrática de América Latina, que demuestra la desconfianza y resistencia de la población hacia la misma. El indicador registra un apoyo del 29% a la democracia (la más baja en toda la región), significando un retroceso del 8% en comparación con la medición de 2020.

Estos datos son importantes para reflexionar sobre el trabajo y la importancia de la participación de los más jóvenes en la promoción, relegitimación y consolidación de la democracia en Guatemala, pues son ellos quienes hoy han tomado en muchos casos la responsabilidad de defender la democracia.
De esta forma, la participación es uno de los pilares fundamentales en el desarrollo del proyecto de gobernanza guatemalteco, pues significa la capacidad de ocupar puestos de liderazgo en la política, pero, además y más importante aún, la responsabilidad de fiscalizar.

Podemos concluir entonces que devolver la confianza en la democracia del país no solamente depende de la capacidad narrativa de los diferentes actores políticos relevantes, sino también de sus resultados y capacidad de hacer realidad mejores futuros posibles.