Después de las elecciones tenemos un respiro para enfrentar los problemas que como país tenemos. Sin embargo, el diagnóstico de nuestros desafíos más grandes —los que determinan toda la problemática de gobernabilidad y desarrollo— giran alrededor de esta trinca dentro de la cual se mueven las causales cuasi endémicas que nos enfrentan desde siempre: un poder Legislativo dispuesto a aprobar, desaprobar o enmendar las leyes y las políticas públicas necesarias para fortalecer la institucionalidad republicana (separación de poderes, pesos y contrapesos), dirigida al servicio de la ciudadanía y el bien común, por encima de la dinámica de sus propios demonios internos e intereses personales y partidarios.

Unas cortes con jueces y magistrados idóneos capaces, objetivos e independientes, alejados de lo que el Dr. De la Torre llama “totalitarismo jurídico” al poder sin límites que el positivismo jurídico ha reconocido a la autoridad del Estado. El nuestro está permeado de esa tara que atenta contra la libertad del individuo y de su sentido de responsabilidad moral. Las comisiones de postulación son determinantes para escoger a los mejores magistrados que integren cortes que respeten el debido proceso, los derechos individuales y no osen convertir la ley en arma de guerra (lawfare) como se ha venido haciendo. Una CC como la actual no la aguanta el país otra vez.

Por último, los problemas sistémicos: Para los grupos que han controlado el entorno político, el sistema era, es y seguirá siendo altamente productivo para ellos. Seguirán mamando de la teta corrupta a perpetuidad, a pesar de todas las investigaciones y capturas que se estén dando. Y con Cicig —y ahora sin ella— continuarán haciéndolo hasta que no se cambie el sistema.

Sigo insistiendo una y otra vez, con la misma cantaleta que he venido vociferando: necesitamos cambios “estructurales y sistémicos” en el sistema de justicia y en la administración pública. Seguir persiguiendo efectos y no causas no tiene lógica. Por más frentes que fundemos anti-esto y anti-aquello, se queda en la retórica periférica y no en el enfoque causal. Debemos eliminar los incentivos perversos; los poderes discrecionales de los funcionarios; el proceso transparente de compras y contrataciones con controles y monitoreo externo. La Ley de Servicio Civil para profesionalizar la burocracia con un enfoque meritocrático.

Los politiqueros corruptos se meten a la política clientelar porque tienen incentivos perversos. Elimínense estos y ya no tendrán interés en participar. Solo esta acción tiene repercusiones positivas para motivar la participación de una nueva clase política con deseos de servir y no de servirse.

Hay que admitir también que en Guatemala buena parte del problema se centra en la falta de control y en la ausencia de una efectiva aplicación de la ley. Aquí el crimen paga porque el poder coercitivo de la ley es casi nulo. Cuando no hay certeza de castigo, se incentiva la corrupción y el crimen.

El narcotráfico está metido hasta en la sopa y se nutre de la debilidad, el caos y la ingobernabilidad del Estado. Lo vimos en estas elecciones, con los diputados de “territorios fronterizos”. El problema requiere un abordaje integral.

No lo podemos hacer solos. Se esperaría una cooperación “inteligente” de parte de los Estados Unidos.
El final del discurso es que las métricas y todos los indicadores comprueban que somos “buenos para lo malo y malos para lo bueno”: narcotráfico, crimen, desnutrición, educación, corrupción, sistema penitenciario, atracción de inversiones, infraestructura, desarrollo humano.

Si todos los estamentos políticos nos unimos para consensuar una agenda mínima que saque el agua de este barco medio hundido, tenemos una oportunidad. Hay que aprovecharla.