El sistema educativo de Guatemala ya contaba con enormes retos dignos de Éverests inalcanzables antes de la pandemia. Entre los grandes desafíos que siempre ha enfrentado es el sistema arcaico, corrupto y manipulador de líderes sindicales como Joviel Acevedo, que es, de hecho, una especie de ministro-sombra permanente, sin cuya anuencia no se puede hacer nada. Esa suma de tumores: El liderazgo sindical negativo y la pandemia, tienen al sistema de educación pública colapsado. Este año el presupuesto para educación es de 18.6 millardos de quetzales, 900 millones más que en el 2020. La mayor parte de ese incremento está destinado para atender el pacto colectivo con el magisterio nacional…

El año pasado, debido a la pandemia, todos los alumnos de la educación pública perdieron el año, pero para no “afectarlos” se les promovió al año siguiente. O sea, un alumno de primer grado, que tenía que haber aprendido a leer, pasó a segundo año sin saber leer. Una torre de babel educativa. Una brecha entre la niñez, la juventud y el conocimiento: Tener que enseñar ahora a alumnos inscritos oficialmente un año adelante, con pénsum de un año atrás.

Un pequeño porcentaje de maestros impartió clases en forma virtual. Pero los padres tenían que pagar hasta Q50 diarios en internet. Obviamente, pocos fueron los que pudieron con semejante gasto; y se fue el año sin mayores logros. Maestros heroicos los hubo, pero con un Estado incapaz de brindarles mayor ayuda.

Este año las clases se inician con un protocolo de seguridad absurdo en términos de la realidad de nuestras escuelas y las demandas de la letra muerta de los documentos oficiales, que rara vez coinciden con el contexto sociocultural tan disperso y diferente de cada departamento o región. La centralización es, de hecho, el mayor obstáculo para paliar esta crisis.

El protocolo señala absurdos tales como “pedirles a los estudiantes que hablen en voz baja para reducir los gérmenes en aerosol que se liberan al hablar”. Y en cuanto al número de alumnos por clase, obliga a que se dividan en “burbujas de 10 estudiantes cada una y que asista cada burbuja un día a la semana”.

En vez de imponer estos rígidos protocolos, se debería dar libertad a las direcciones departamentales para que, con los supervisores y los directores de escuelas, implementen sus propios mecanismos de sostenibilidad en sus regiones. “No se puede uniformar todo el sistema educativo, porque hay escuelas que necesitan más que otras; hay maestros que necesitan mayor apoyo que otros; y hay directores que podrían hacer sus trámites con mucha mayor facilidad si se les diera la libertad de hacerlo, pero el problema es que la sede del Ministerio lo quiere absorber todo, lo que implica que al final no se le atiende ni unos ni a otros”, señaló una experta.

María del Carmen Aceña, exministra de Educación, afirmó recientemente que “el presupuesto del 2021 debe priorizar infraestructura y acceso a internet. Esto implica la reparación de escuelas, pues el 80% de centros no tienen agua potable, ni baños”.

El nivel de inscripción es de los más bajos en los últimos años. Los padres no ven el valor de inscribir a sus hijos en términos de costo-beneficio. Solo la refacción escolar tiene algún atractivo para ellos.

Concuerdo con expertos que enfatizan el enorme daño a nivel mundial que la pandemia ha causado en la educación de la juventud. Todos coinciden que retornar a la normalidad supera por mucho los efectos negativos que la pandemia misma causa.

Es hora de dejar que los niños vengan… a sus clases.