El Estado existe para protegernos. No tiene objeto un Estado sin proteger a sus habitantes, en la historia muchos Estados con el pretexto de resguardar a algunos ha violentado los derechos de otros, por eso el sistema de gobierno llamado República garantiza por medio del control del poder la prevención del abuso. La República moderna no existe si no va acompañada de un régimen democrático eficiente y la democracia no debemos entenderla solo como una cita para votar cada cierto tiempo, sino es fundamental el pluralismo político, es decir, la existencia de distintas formas de pensamiento ocupándose de los problemas nacionales y haciendo ver sus distintos puntos de vista.

El pluralismo político en países latinoamericanos es complejo, nuestra historia está llena de episodios en los cuales regímenes de derecha o de izquierda se caracterizan por su intolerancia frente al pensamiento contrario y de allí nuestra larga lista de dictadores. La Constitución anterior a la vigente fue un vivo ejemplo de intolerancia política, discutida en una Asamblea Constituyente electa en planilla única y bajo la tutela de uno de los regímenes militares más autoritarios, como fue el de Enrique Peralta Azurdia, fue considerada por el propio Colegio de Abogados (cuando esta institución sí tenía preocupaciones con la construcción del Estado de Derecho) como un texto ilegítimo, fue tan notorio que su publicación y cumplimiento fue dispuesta por el Jefe de Estado y su gabinete, destruyéndose cualquier noción de Poder Constituyente.

A pesar de la ilegitimidad política del texto constitucional, formalmente estuvo vigente y rigió hasta el 23 de marzo de 1982 y este texto señalaba: “En Guatemala todos los seres humanos son libres e iguales en dignidad y derechos. El Estado garantiza como derechos inherentes a la persona humana: la vida, la integridad corporal, la dignidad, la seguridad personal y la de sus bienes. Ninguna persona puede ser sometida a servidumbre ni a otra condición que menoscabe su dignidad y decoro. Se prohíbe cualquier discriminación por motivo de raza, color, sexo, religión, nacimiento, posición económica o social u opiniones políticas”.

Bajo el mandato de aquella constitución se llevó a cabo una práctica cobarde y violenta, cuyos primeros casos fueron bajo el gobierno militar de Peralta Azurdia y luego continuó por los gobiernos “de derecho”, como fue detener y desaparecer. Utilizar el aparato de seguridad pública para detener personas y luego desaparecerlas por completo, es una muestra de cobardía en su más álgida expresión y un ejemplo inequívoco de un Estado delincuencial y terrorista, además de convertirse en una tortura permanente para familiares y amigos de la víctima.

La práctica estatal por detener y desaparecer fue instituida y tuvo apoyo de ciertos grupos sociales, lo cual produjo un desprecio absoluto a la vida de quien pensaba distinto y, además por ir acompañada de violencia hacia lideres y dirigentes de oposición el pluralismo político fue inviable.

España busca a los desaparecidos en su Guerra Civil y quienes cayeron bajo el régimen de Franco, Argentina, Chile y Uruguay hacen esfuerzos por ubicar a los detenidos desaparecidos, y en Guatemala tras un arranque inusitado de personajes ligados estrechamente con los procesos represivos del pasado, se pretende el olvido y el ocultamiento, esta actitud solo nos dibuja como una sociedad cavernaria y nada humana, sin valores esenciales, pero lo peor es que con el concurso de algunos partidos políticos, el Ministerio Público, el sistema judicial y el gobierno en su conjunto, clamando a Dios y refrendándose ellos mismos con discursos de protección a la vida y a la libertad lo ejecutan, magnificándose día a día, la cobardía y el dolor por lo que el Estado decidió e hizo en contra de todo principio legal y ético.