Existe un consenso general sobre el reconocimiento de los derechos establecidos constitucionalmente. Todo habitante de la Nación debe tener acceso a la seguridad social, de acuerdo al artículo 100 constitucional. Tal, se financiará por el Estado, los empleadores y los trabajadores. Pero, como se sabe, los organismos de gobierno no contribuyen al IGSS. Estas ideas surgieron en el Imperio Alemán, durante el reinado de Guillermo I, entre 1883 y 1889, bajo el gobierno de su canciller Otto von Bismarck (*1815 +1898). Para los obsesionados en criticar al socialismo, debieran valorar este régimen, como un resultado práctico por parte de los gobernantes alemanes, con el objeto de satisfacer demandas de los movimientos sociales donde estuvieron activos tanto Carlos Marx (*1818 + 1883) como Federico Engels (*1820 + 1895). En 1942, Lord Beveridge, al justificar la cobertura universal de la población en la seguridad social, dijo que buscaba aplicarse desde la cuna hasta la tumba, para atacar los males de la sociedad moderna: la indigencia, las enfermedades, la ignorancia, la suciedad y la ociosidad.

No hay que desviarse en asuntos históricos sino atender a lo resuelto por la Junta Directiva del IGSS, que modificó las obligaciones de patronos contenidas en el Código de Trabajo, que liberaba del proceso administrativo a quienes tuvieran menos de tres trabajadores. Hoy, todo asalariado debe inscribirse por el patrono que asume la obligación de cotizar tanto el descuento al trabajador como su colaboración patronal. El 4 de enero del corriente, el presidente Alejandro Eduardo Giammattei Falla aprobó el acuerdo 1529 del IGSS, donde se afirmó la protección a todos los asalariados. Por ello hay una condena a trámites administrativos y pagos, a contratantes de un empleado. Habrá contramarchas del IGSS excluyendo a profesionales liberales o regiones, a comerciantes individuales, etc. pero al final hay una vocación universalista.

No vale la mistificación, aduciendo un avance en los derechos sociales. La regulación afecta a las pequeñas y muy pequeñas empresas, al incrementar sus costos. De esa cuenta, hace difícil empezar y sostener negocios. Generará problemas burocráticos, como actualizar el RTU, muy difícil de realizarlo a través de internet. Además, incrementará la demanda de servicios de salud del seguro social, donde existe una demanda no satisfecha y con problemas de atención. No es una discusión de justicia social, donde la mayor parte de la ciudadanía respalda gozar de atención en salud y de previsión social, sino un asunto práctico.

La inconsistencia de la derecha, más allá del liberalismo, conocida como neo, también ultra o simplemente facha, no ha dicho ni pío. El gobierno se identifica con esta posición ideológica, pero busca el crecimiento de la burocracia; y como se apuntó, no paga al IGSS. No tiene propuestas concretas de modernización económica y no ha sido capaz de alguna crítica a la organización de la seguridad social, monopólica, destinada a resultados actuariales críticos y anquilosada desde hace casi 80 años.

Cabe esperar que el gobierno electrónico facilite la ampliación. Las gestiones de solicitud y actualización, citas, obtención de medicinas, las notificaciones, elaboración de la credencial, atención a los apoyos para invalidez, vejez y supervivencia. El atraso nacional se abandona cuando se alcanza cumplimiento de metas y buen funcionamiento estatal. Pero hay que prevenir, para que no haya lugar a establecer un requisito que entorpezca todo y force a la aglomeración en cuellos de botella que promueven la corrupción.