Sucedió un 24 de agosto del 2010. Un grupo de 72 personas migrantes, compuesto por 58 hombres y 14 mujeres de Guatemala, El Salvador, Honduras, Brasil, Ecuador e India, fue torturado y ejecutado en México, durante su tránsito hacia los Estados Unidos. Sus cuerpos fueron encontrados en San Fernando, Tamaulipas. La mayoría tenía señales de tortura, así como las manos y los pies atados con cinchos de plástico y vendas en los ojos.

A esta masacre, le siguieron el hallazgo de 47 fosas clandestinas con 195 restos en el mismo municipio y, posteriormente, la masacre en un municipio vecino (Cadereyta), donde se localizaron 49 torsos de migrantes. Hoy, aún hay cuerpos de la masacre de Tamaulipas sin identificar, y las familias —representadas por la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho— no tienen la certeza de haber recibido los cuerpos de sus seres queridos, debido a una serie de omisiones y negligencias forenses. Los procesos de identificación y repatriación se dieron sin mayores explicaciones, y no hubo documentación que sustentara las identificaciones establecidas. Las familias de Guatemala que tienen duda sobre los restos recibidos, han pedido que estos sean exhumados para que peritos de su confianza realicen el proceso de identificación. Diez años después, esto no ha sido posible. Las autoridades de Guatemala se niegan a hacerlo y México no ha hecho sus mejores esfuerzos diplomáticos para lograr este proceso de verdad.

Por la masacre de Tamaulipas fueron detenidas 15 personas integrantes de los Zetas, pero la investigación solamente se dio en los meses posteriores a la masacre y no hubo investigación exhaustiva posterior. A la fecha, a pesar de que estas personas siguen detenidas, ninguna de ellas está sentenciada. En el 2017, el caso fue clasificado como uno de graves violaciones a derechos humanos. Ha habido una sistemática negación de acceso a la justicia a las familias de las víctimas y solo a través de litigios estratégicos que han durado más de 6 años se logró conseguir copia de los expedientes que ha investigado el Estado. Tampoco se ha investigado la responsabilidad del Estado mexicano, a pesar de que la institución pública de derechos humanos había investigado y publicado en 2009 un informe que documentaba cerca de 9 mil secuestros de migrantes ocurridos en un período de 6 meses, en el cual se reportaba participación de agentes del Estado.

Todas las sociedades se han levantado sobre los pasos de personas migrantes que sueñan vidas mejores para sí y los suyos. Nadie se va de su tierra y de su gente para morirse en el intento, menos con los niveles de violencia y tortura con que fueron asesinadas estas 72 personas y tantas más. Centroamérica sigue siendo uno de los corredores migratorios más grandes del mundo, además de un territorio propicio para el crimen organizado y el tráfico de drogas, personas, armas y otros. Nuestros países no solo han abandonado a la gente en sus lugares de origen, sino también en los de tránsito y destino. Poco se han investigado los delitos de trata y tráfico de personas o la desaparición forzada, y tampoco se identifican líneas financieras destinadas para ese tipo de investigación.

¿Qué piden las familias? Justicia, verdad y reparación. Que se implemente y formalice en la Fiscalía Federal un modelo de investigación que vincule esta masacre con otras. Se requiere de un cuerpo multidisciplinario con servidores públicos y expertos/as independientes, y que haya voluntad política para saber qué fue lo que pasó, en qué grado hay responsabilidad del Estado, quiénes fueron los 72 y quiénes sus familias. Hay que dignificar a cada migrante y exigir que se lleven a cabo medidas de reparación integral para las familias. A la verdad solo se llega a través de la verdad, y siempre será mejor la justicia tardía que un mundo sin ella.