El corrimiento del Estado policial y militar hacia la frontera sur de México es un proceso progresivo que se ha dado en la última década, al punto de que Guatemala es llamada hoy “la última frontera real al Norte”. En un marco de deportaciones masivas desde EE. UU. que no solo no se han detenido, sino que han aumentado en las tres últimas administraciones gubernamentales de aquel país, una de las preguntas es ¿por qué México se ha prestado a reprimir, primero, y a abandonar, después, en Guatemala, a las personas deportadas de distintas nacionalidades, sin siquiera garantizarles el derecho a una solicitud inmediata de asilo o a una atención humanitaria digna en medio de una crisis migratoria sin precedentes?

Las expulsiones masivas se han llevado a cabo bajo el Título 42, que no es parte de ninguna política migratoria, sino una medida sanitaria ordenada desde marzo de 2020 por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los EE. UU., con el fin de prohibir la entrada por tierra de personas extranjeras, sin autorización legal, al país. Por otra parte, es bueno recordar que la mayoría de trabajadores migrantes en EE. UU. son mexicanos y la garantía de sus oportunidades laborales en el Norte depende de que México le ayude a su vecino del norte a expulsar a las personas migrantes que no sean mexicanas, sin consideración alguna. Así lo pactaron los funcionarios de ambos países. Una cosa por la otra.

Ante esto ¿qué papel está jugando el gobierno guatemalteco? El enviado de turno no fue recientemente a pedir a Washington que retiren la orden del Título 42, ni que detengan las expulsiones masivas o que los procesos administrativos o de derechos humanos sean garantizados. Solo fue a pedir expulsiones “dignas”. Por lo demás, la corrupción sigue reventando descaradamente en todos los niveles y poderes del Estado guatemalteco y la ausencia de políticas sociales que se traduzcan en acciones en los territorios siguen siendo escasas o nulas.

Hoy, la dependencia de la economía nacional de las remesas de los migrantes guatemaltecos es absoluta. Olvidémonos de clichés y mitos que aseguran que las grandes empresas e industrias sostienen la economía del país. De hecho, y según expertos economistas, lo único que hoy en día crea clase media en Guatemala son las remesas; ni el mercado ni las políticas públicas. Según el banco central, el año pasado las remesas representaron un 14.6% del producto interno bruto (PIB), lo cual sirve para que más de seis millones de los 16 que somos sobrevivan en esta narcocleptocracia que nos define.

¿Qué hacemos con un país colapsado que está recibiendo grandes cantidades de personas migrantes de El Salvador, Honduras, Nicaragua y Haití, entre otras, además de nuestros connacionales deportados? Creo que, a través del voto, los migrantes guatemaltecos en EE. UU. deberían poder hablar fuerte y tener más participación en este remedo de Realpolitik. Recordemos que EE. UU., siendo potencia, no tiene amigos, sino aliados por intereses, lo cual nos hace poner los pies en la tierra y saber que políticamente juegan un doble papel: “necesitamos fuerza de trabajo, pero queremos sacar a los inmigrantes indocumentados de nuestro país”, lo cual les lleva a negociar cómodamente con México para dejar pasar solo a algunos, los necesarios para atender una necesidad de mano de obra que asciende a unos 13 millones de empleos.

Esa es la razón objetiva para migrar: allá en el Norte hay empleos y oportunidades que en Guatemala no hay. Y si quisierámos crearlos, ¿con esta falta de educación, de nutrición y de oportunidades, de qué empleos estamos hablando? ¿Más guardias de seguridad? Generar un país de oportunidades es una inmensa tarea estratégica de corto, mediano y largo plazo. Eso es lo que toca.