Más de 3.5 millones de guatemaltecos viven en EE. UU. Es una estimación austera sobre datos oficiales del Ministerio de Relaciones Exteriores.

De esos, un poco más de un millón son ya ciudadanos o residentes de aquel país, según fuentes oficiales. El resto: dos millones y medio, viven en el limbo de la irregularidad migratoria.

El lunes pasado, a las 11.15 de la noche, recibí un mensaje por WhatsApp de una persona desconocida. Era una señorita, desde algún rincón en Ipala, que pedía ayuda. Mi nombre y número se lo dieron en un medio de comunicación local, donde dijeron que tal vez yo podría ayudarles con el caso de su pariente grave por covid-19 en Baltimore. Nuestro paisano, de 24 años de edad, cayó enfermo, y como consecuencia sufrió un infarto que le condujo a muerte cerebral. Después de algunos días el hospital buscaba a la familia con insistencia para que consintieran la desconexión de los aparatos que lo mantenían con vida artificial. Aunque el hospital declaraba que la batalla estaba perdida, la familia, naturalmente, no perdía la fe. Ya en conversación telefónica me dijeron que el hospital había programado desconectarlo al día siguiente. Y el día siguiente era en menos de una hora. Al preguntarles cómo creían que yo podría ayudarles, me pidieron ser “enlace con los contactos pertinentes para que a través de ellos se solicite al hospital que no lo desconecten”.

Te preguntas a todo esto, ¿dónde está el Estado? Recibí fotografías del joven. Fuerte, robusto, vaquero. La chispa en los ojos con esa gracia “de oriente” que es singular. Imaginas la situación en el hospital; el tiempo un enemigo. Conociendo el país convulso en el que estaba internado el joven, ¿sería la decisión de desconectarlo la médicamente racional? ¿Le darían más oportunidad si no perteneciera a una minoría, o si no fuera indocumentado? O, ¿será que la decisión era la médicamente sensata? Sin tener cómo saberlo hice lo que creo correcto: contacté a dos fuertes aliados: medios de comunicación en el mundo, sensibles a las realidades de los migrantes, y un centro de defensa, basado en Nueva York. Este último buscó representación legal en la localidad del hospital. Los medios hicieron lo suyo. Divulgaron el drama del paisano vaquero.

Esto provocó una pronta respuesta del consulado jurisdiccional. Así, la cónsul intermedió entre las partes y la familia obtuvo la información necesaria. Pero algo me dejó inquieto. Por Twitter y telefónicamente la cónsul me instó a que sean los consulados a quienes contacten las familias guatemaltecas. Pero me pregunté, ¿cuántas familias aquí saben qué es un consulado, o cómo contactarse con ellos? A lo largo de los años he visto cómo la comunicación de Cancillería está diseñada para que no demasiados se enteren de sus servicios. “No sea que se acerquen más de los que podemos atender”, me dijo al oído un canciller. Así, una comunicación a través de Twitter o Instagram queda ideal. Se mira la intención, pero el medio no llega.

Actualmente, 17 consulados, con 10 o 20 empleados cada uno, pretenden atender a casi cuatro millones. Hay otros tres consulados, pero esos se enfocan más en gestiones fronterizas. Después del incidente del paisano ipaleño, ya otros dos me han contactado por parientes muertos en aquel país. A ambos les compartí los números de los consulados. Existen formas apropiadas de comunicar masivamente la información consular que no han sido utilizadas. ¿Cuándo llegará la hora de que el Estado lo haga? Parte de la respuesta es obvia. Seguramente después de que adquiera la capacidad de atender la respuesta masiva. Esto no puede quedar en esfuerzos personales.

Nota personal: Que descansés en paz, joven vaquero. Tu familia hizo todo lo que pudo para mantenerte con vida.