Con nombre propio

Misión: restar legitimidad a las elecciones

Alejandro Balsells Conde @Alex_balsells

El Derecho Electoral tiene dos funciones básicas, la primera, integrar los cuerpos de dirección de un estado democrático; es decir, por medio de sus reglas llegan las personas que ejercerán el poder; y la segunda, la más delicada, legitimar dicha integración.

No es lo mismo integrar que legitimar. Por ejemplo, en 1974 se integraron Kjell Eugenio Laugerud García y Mario Sandoval Alarcón a la Presidencia y Vicepresidencia “de la República”; sin embargo, esta integración fue fraudulenta e ilegal, porque Carlos Arana Osorio, quien fungía como presidente, armó el primero de los más descarados fraudes electorales que se hicieron bajo la Constitución de 1965, y empezó la cadenita.

Los problemas de legitimidad electoral son poco estudiados, pero es fácil concluir que la represión luquista y luego la dictadura riosmontista tuvo mucho del cimiento en aquel 1974. Por cierto, para ilustrar un poco cómo fue de descarado ese fraude electoral y cómo se confiesa por los liberacionistas sin rubor, basta y sobra leer las memorias de Álvaro Arzú, cuyos pasajes sobre el tema son elocuentes, aunque también con grandes falsedades, tal como decir que Manuel Colom negoció la presidencia a cambio de la Alcaldía.

El Derecho Electoral es muy delicado, en esencia es frágil y, sobre todo, es importantísimo en un estado democrático. Su preponderancia es porque en un día, en un solo día, toda la institucionalidad se pone a prueba y debe legitimarse el ejercicio del poder para nuevas personas, si los ganadores no son legítimos, los perdedores tienen todo el derecho al reclamo e incluso de llamar al sagrado derecho a la resistencia. Existe una pregunta y respuesta popular en la jerga del Derecho Electoral: “¿quién comete fraude?, el que puede”. Por eso, todo el andamiaje está montado para que de forma descentralizada y autónoma una elección se realice. Ya no existe aquel poderoso Registro Electoral que montaba los fraudes en el 74 y por eso el ejército dejó de tener funciones logísticas en este ámbito.

El lunes recién pasado, Rafael Curruchiche, fiscal electoral, con el visto bueno de la fiscal general, Consuelo Porras, decidió presentar una denuncia para retirar el antejuicio a los 5 magistrados del TSE, por incumplimiento de deberes. El argumento son las fallas informáticas en el sistema preliminar de cómputo. El sistema preliminar de cómputo, que es el que consultamos para informarnos cómo va la elección, no tiene más utilidad que esa: informarnos. Sin embargo, los resultados oficiales se arman hasta que cada junta receptora de votos, cada junta electoral municipal y cada junta electoral departamental oficializan sus datos. Además, el propio TSE reconoció sus fallas.

La descentralización del proceso electoral garantiza que no sean 5 magistrados quienes legitiman una elección, sino, como diría don Arturo Herbruger, “es el ejército electoral quien brinda certeza”. Llevar las discusiones y grandes fallas de nuestro Derecho Electoral al ámbito penal es un craso error, además de una imprudencia, pues imprime barniz de ilegitimidad a todos los que fueron electos, y esto es lo único que nos faltaba para ir más en retroceso y lograr más ingobernabilidad. Parece que la fiscal general persigue una misión muy grave.

No pueden existir efectos penales, por simple lógica, sin evadir los efectos electorales. El MP perdió el norte una vez más, ya que, si bien las fallas se originaron y son reprochables, jamás pueden significar de primas a primeras un ilícito penal, haberlo presentado de esta forma es un tiro al pie al precario sistema democrático y además evidencia un desconocimiento enorme del sistema electoral en su conjunto. Ojalá los problemas de nuestro régimen electoral fueran como se cuentan los votos…