Considerando las cifras del censo del 2018, que reflejaron que el país está constituido por 4.3 millones de personas jóvenes de 18 a 30 años. De ellos, dos millones 150 mil (49.9%) son mujeres jóvenes habitantes de los territorios de los departamentos de Sololá, Chimaltenango, Alta y Baja Verapaz e Izabal, y un millón 853 mil de los 4.3 millones que se autoidentificaron como pertenecientes a los pueblos maya, garífuna o xinka. Datos que reflejan en un gran porcentaje el universo de juventud de entre 18 y 30 años, donde prevalecen las mujeres indígenas del área rural.

Estas cifras son evidencia y sustento que confirman que las mujeres jóvenes de 18 a 30 años del área rural forman el presente y no el futuro del país. La inacción, la falta de generación de condiciones y oportunidades de acceso a una educación formal y no formal o alternativa en el hoy-presente, las pre-condicionan y/o condenan a vivir y formar parte de los indicadores de pobreza y extrema pobreza con alta probabilidad de que sus hijos e hijas también formen parte de estos indicadores de desigualdad y vulnerabilidad del hoy y del mañana.

Entonces, es el hoy, este presente, el que obliga a toda la sociedad guatemalteca a diseñar, implementar, monitorear, demandar y exigir de forma urgente, inmediata y acelerada el diseño y generación de condiciones, acciones e intervenciones que aseguren y faciliten el acceso a espacios de educación formal, no formal o alternativas para que estas mujeres jóvenes accedan a educación, aprendizajes y conocimientos, como un mecanismo o estrategia generadora de condiciones favorables de su vida y de las condiciones que determinan su desarrollo y, o con ello desacelerar, prevenir e ir erradicando que constituyan esa parte de las estadísticas de mujeres y mujeres jóvenes en condición de pobreza y extrema pobreza.

La urgencia e inmediatez de generar condiciones favorables para el desarrollo de esta población de mujeres jóvenes exige y obliga a buscar y romper los moldes que en más de una ocasión ha supuesto la condición de ser una mujer joven y una mujer joven indígena en este país; obliga a reconocerlas como personas activas, con propuestas, conocimientos y sujetas de derecho. Solo de esa forma se logrará que las intervenciones que se diseñen e implementen se sustenten en las necesidades y contextos territoriales, lo cual garantiza la inclusión, transformación, motivación y compromiso por parte de las mujeres jóvenes en estos procesos.

Romper los moldes sobre la imagen, concepto, modelo, prototipo o percepción que se tiene sobre las características de las mujeres jóvenes que habitan en el área rural y sobre todo de las mujeres jóvenes indígenas permitirá identificar y potenciar los múltiples y diversos conocimientos y habilidades que son innatos en ellas y que han sido transferidos de forma generacional desde su ámbito familiar, comunitario y territorial.

Cuando rompamos con la estigmatización de las mujeres jóvenes y mujeres jóvenes indígenas, lograremos también reconocer la existencia de una minoría de mujeres jóvenes artistas, lideresas, científicas, economistas, ingenieras, biólogas, diseñadoras, emprendedoras, entre muchas otras especialidades, que contra todos los desafíos y contextos de limitaciones, discriminación y racismo han y están logrando la transformación de sus vidas y por consecuencia las de su entorno familiar, comunitario y territorial.

Potenciar y facilitar oportunidades para que esta minoría de mujeres jóvenes que han logrado obtener una profesionalización, conocimientos, capacidades y habilidades se desempeñen y aporten a nivel de sus territorios las convierte en un referente y constructoras de una nueva narrativa para las nuevas generaciones de niñas y mujeres jóvenes de este país.