De la necesidad de la justicia y de su reclamo inmemorable a través de los siglos, bien afirma Paul Auster (1947), Premio Príncipe de Asturias 2002: “Si la justicia existe, tiene que ser para todos; nadie puede quedar excluido, de lo contrario ya no sería justicia”. Una frase por demás clara, a la que habría que agregar la doble característica con que la Justicia en Guatemala se promete: “Pronta y cumplida”. Claro, el problema de los ideales de justicia es en el fondo el mismo la ética: el paradigma de su implementación, o sea relación entre los altos ideales y las duras realidades de su aplicación en casos concretos. En ese viaje se juega la realidad de la justiia.

Así, un caso modélico es el siguiente: desde hace siete años, la Diócesis de Escuintla inició un proceso sumario de desahucio o lanzamiento, con el fin de recuperar una propiedad invadida por personas particulares. En realidad, el alegato nunca ha cesado en más de veinte años (¡!). El objetivo del reclamo es iniciar, con el apoyo de diversas instancias, de empresas de la zona, la construcción de clínicas de recuperación de niños y ancianos desnutridos, a la par que ampliar el servicio de formación en talleres para mujeres, amas de casa, en cocina, cultura de belleza, evitando el drama migratorio por pobreza y desempleo, instancias que de hecho ya existen mínimamente en la parroquia de la Nueva Concepción.

Hace tres años la sentencia del juez de Primera Instancia Civil de Escuintla dictó orden inmediata de desalojo contra los invasores del terreno desde hace dos décadas, con sentencia que causó firmeza. Para contradicción de los ideales del cumplimiento de Justicia —en este caso no a nivel del “alto impacto” sino de una comunidad necesitada de educación, salud, etcéctera— resulta que en estos tres años se ha tenido una serie de obstáculos dignos de una película de corrupción judicial ganadora del “Óscar a los mejores arreglos”: amparos sobre amparos, evasiones y otros, con mecanismos y maniobras mal intencionadas que han hecho cuesta arriba el cumplimiento de la sentencia ya firme desde esos tres años. El “amparo sobre amparo” ya mencionado, la lentitud para emitir la orden de desalojo y sobre todo las maniobras fatales —y no meras coincidencias— del Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo de la cabecera departamental de Escuintla: 1. Cambio mensual de jueces, con el correspondiente retraso de las instrucciones; 2. Equivocaciones de las numeraciones de los expedientes del caso, con la consecuente repetición eterna de los documentos.

El problema de los juzgados de Escuintla es ciertamente famoso, pero vale la pena volver sobre el mismo, pues si no hay “justicia pronta y cumplida” en los operadores de justicia de la zona —salvo honrosas excepciones que sí se dan— la presiones sociales van en aumento, y se pone en peligro la paz social de una región de por sí una de las más violentas de Guatemala.

¿Venta de conciencias judiciales? De repente y casi de seguro, por lo que vale recordar el pensamiento de papa Francisco: “Las injusticias hieren a la humanidad; la sociedad humana tiene una necesidad urgente de equidad, de verdad y de justicia social; recordemos que el mal que sufren las mujeres y los hombres del mundo llega hasta el corazón de Dios Padre. ¿Qué padre no sufriría por el dolor de sus hijos? Justicia retrasada es justicia negada” (11.03.2020). Y también que “la justicia no espera ningún premio o coacción, vale como una virtud notable sobre las demás” (Cicerón, 106-43 a.C.). Que la oscuridad de febrero no coincida con las sombras penosas de este caso, uno de tantos que agitan la serenidad de las comunidades guatemaltecas.