A finales de diciembre se dictaminó favorablemente la iniciativa 5431, Ley General de Infraestructura Vial. Dieciséis diputados de la Comisión de Economía y Comercio Exterior, conscientes de las necesidades del país, debatieron y llegaron a la conclusión de que, si no cambiamos el modelo con el cual estamos invirtiendo en carreteras, nuestro país no solo perderá cualquier nivel de competitividad que podamos tener, sino inevitablemente seremos un destino al que ningún turista quiera venir, donde los costos de logística aumentarán y en el cual más personas vivirán en pobreza extrema, por la falta de carreteras y caminos rurales que tenemos.

Ahora lo que se necesita es un debate serio para que en tres lecturas y por artículos, ochenta diputados den el paso al frente para aprobar la ley que transformará nuestra red vial. Para nadie es secreto, que cualquiera partido político que gane las elecciones tendrá que empezar desde el primer día de Gobierno a dar mantenimiento a los 16,457 kilómetros de infraestructura vial que tenemos y aumentar el ritmo de construcción de nuevas carreteras.

Durante los últimos cinco años, no hemos sido capaces de construir nuevos proyectos de infraestructura vial y el promedio anual desde 1985 a la fecha es de 200 kilómetros por año, cuando deberíamos estar construyendo 1,000 kilómetros de infraestructura vial al año. Este salto, es imposible hacerlo con el modelo actual que tenemos y por eso es tan importante la iniciativa de ley que ya se encuentra en el Congreso, esperando ser agendada para su aprobación.

Dentro de las modificaciones que se realizaron, se crea una Superintendencia de Infraestructura Vial (SIVIAL), como un organismo técnico del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda con autonomía técnica y funcional, (con lo cual la iniciativa solo requiere 80 votos para su aprobación), con un directorio integrado por tres representantes del Presidente, Ministerio de Comunicaciones y del Congreso, que serán electos de una lista enviada a dichas entidades por parte del Presidente del Colegio de Ingenieros, el Presidente del Colegio de Arquitectos y del Director Ejecutivo de la Anadie.

Con las modificaciones realizadas por parte de la Comisión de Economía, la visión de la Junta Directiva del Congreso y de los jefes de los diferentes bloques legislativos, así como el esfuerzo de diferentes sectores, seguramente habrá más de 80 diputados dispuestos a cambiar el rumbo del país y mostrarle al mundo que en Guatemala existe un nuevo marco jurídico, capaz de darle la certeza necesaria para que logremos duplicar la red vial en los próximos quince años.

¿Se imagina estimado lector lo que significaría en empleo, inversiones y más oportunidades para Guatemala si logramos dedicar los próximos cuatro períodos de Gobierno a priorizar la red vial? Esto será posible, si modificamos el esquema actual de construcción de carreteras y pasamos a un modelo donde únicamente se pague por el servicio de autopistas y carreteras en buenas condiciones.

Con la nueva Ley General de Infraestructura vial se hará posible la planificación de nuevos proyectos de infraestructura, generar un proceso para su debida factibilidad técnica, se establecerán mecanismos claros para su licitación, se resuelve la forma en que el Estado garantiza el derecho de vía y se determinan procesos transparentes para la adjudicación, construcción, operación, supervisión, remuneración y sanción de cada proyecto. ¡Adelante señoras y señores diputados!, Guatemala los necesita.