Tal y como varios expertos lo predijeron, el libramiento de Chimaltenango ya comenzó a mostrar desperfectos tras apenas cinco meses de ser inaugurado. Inundaciones, caídas de rocas y deslizamientos han sido el resultado de una obra que tardó más de cinco años en su construcción. Imaginémonos ahora que Guatemala necesita elevar el ritmo de crecimiento de nueva infraestructura vial de 215 kilómetros por año a 1,500 kilómetros por año, una tarea imposible con el sistema jurídico que tenemos.

Para evitar estar en los últimos lugares en cuanto al índice de conectividad que coloca a Guatemala a la cola de América Latina en la posición 131 de 140 países, necesitaríamos pasar de 17,203 kilómetros que tenemos actualmente a cerca de 39,000 kilómetros de red vial en los próximos quince años. Esto, al ritmo de crecimiento que llevamos, tardaría un proceso de más de cien años.

Las carreteras en Guatemala no están creciendo al ritmo que crece la población y el parque vehicular porque el sistema jurídico que tenemos es inoperante. Recordemos que los funcionarios públicos solo pueden hacer lo que la ley les permite y si vemos cómo está la normativa sobre infraestructura vial, hay cientos de artículos descoordinados que no fomentan la certeza jurídica necesaria para que aumente la red vial bajo criterios de calidad, eficiencia y garantizando la transparencia necesaria.

Por eso es tan importante que el Congreso de la República apruebe la iniciativa 5431 Ley General de Infraestructura Vial. La iniciativa genera una normativa clara que garantizaría mayor planificación, factibilidad y licitación competitiva de la infraestructura vial, la institucionalidad y el servicio civil necesario para que las mejores personas puedan trabajar dentro del sistema de generación de carreteras, una normativa clara para resolver el derecho de vía, que tanto ha limitado la construcción de carreteras, así como un sistema que garantice mejores mecanismos de supervisión, remuneración y sanción.

Adicionalmente la Ley General de Infraestructura Vial garantiza más recursos financieros al Estado, permitiendo que el cien por ciento de los recursos recabados del impuesto de distribución de petróleo, se usen para la inversión en carreteras y no como sucede ahora que se pierde dos terceras partes en rubros espurios y poco transparentes.

El gobierno electo del presidente Giammattei bien haría en solicitar a los honorables diputados la aprobación de la iniciativa de Ley General de Infraestructura Vial, o esperar a que dentro de cuatro años estemos peor. La iniciativa, adicionalmente genera beneficios importantes para el propio flujo de caja del Gobierno, ya que no tendría que erogar ni un centavo hasta que la carretera este construida, generando un sistema de contratos de cargos por disponibilidad en el cual el Estado ya no paga por la construcción, sino por el servicio de autopistas y carreteras en perfectas condiciones.

Esta modalidad de contratos de cargos por la disponibilidad del servicio, que no necesita de peajes o de sistemas de carreteras privadas, es lo que han hecho países como Ecuador, Chile, México y República Dominicana, además de países europeos o de Estados Unidos, para garantizar excelentes condiciones en sus carreteras en regiones donde no existe capacidad de pago para un peaje. Si el Congreso aprueba esta iniciativa, seguramente vamos a ver un cambio en nuestra infraestructura vial, de lo contrario seguiremos viendo las mismas quejas en redes sociales o manifestaciones en carreteras, a expensas del desarrollo de nuestra población.