El escenario electoral cambió luego de que la Corte de Constitucionalidad emitiera sus resoluciones respecto de los casos de Zury Ríos y Thelma Aldana. No sorprende la resolución, favorable al Tribunal Supremo Electoral (TSE) en el primer caso, pues había una clara violación a la Constitución vigente. Tampoco en el segundo caso, pues la pérdida del finiquito, aunque sea producto de una movida perversa de la Contraloría General de Cuentas, instigada por el Pacto de Corruptos, hacía muy difícil que la Corte pudiera resolver de otra manera. Ambas excandidatas eran las punteras, por detrás de Sandra Torres, candidata de la UNE. Ella también tenía un proceso que requería resolución de la CC, solo que, en ese caso, esta se lavó rapidito las manos y mandó de vuelta el caso a la Corte Suprema de Justicia para que haga su embarrada.

Viendo a los que ahora puntean más alto en las encuestas, no puedo evitar reafirmar que la jugada del Pacto de Corruptos es lograr el reprisse de lo que pasó hace cuatro años, cuando el antivoto de la candidata Torres, unido a las dificultades de movilizar a su electorado rural para la segunda vuelta, terminaron dándole la victoria a esta hiena disfrazada de oveja que resultó ser Jimmy Morales, quien les facilitó todas las condiciones para sacudirse a la Cicig, la única instancia que ha logrado hacer alguna mella a este entramado que se engulle al Estado.

¿Cuánto aprendió Sandra Torres de lo que le pasó hace cuatro años? Al parecer no mucho, pues el haber utilizado la Ley de Femicidio para censurar a elPeriódico y sus editores le ha costado un rechazo generalizado y, seguramente, más crecimiento de su antivoto. En todo caso, el PactoDeCorruptos ha de estar tranquilo, pues poco importará quién resulte el ganador en ese escenario; sienten seguramente su impunidad garantizada.

No obstante, ahora, casualmente, salen “exespecialistas y soldados” a manifestar, exigiendo resarcimientos por hechos de guerra (cuando a la par siguen apareciendo los cementerios clandestinos en destacamentos militares), y amenazando impunemente con el uso de la violencia, en abierto desafío a la policía e intimidando con perturbar las elecciones. ¿Son ellos, acaso, el plan Z, en caso surja todavía un escenario alterno en estas impredecibles elecciones, que ponga en riesgo su objetivo de impunidad? ¿A quiénes favorecería que se amedrente e intimide a los electores y a las juntas electorales? O peor, ¿se estará fraguando un escenario de violencia que obligue a la suspensión de las elecciones si algo no sale como lo esperado?

Ni censura ni amenazas sediciosas nos deben intimidar. Guatemala necesita un gigantesco remezón para que no se cumplan los escenarios funestos que ya se anticipan para el 16 de junio. Algunos tal vez vengan de fuera, dada la flagrante complacencia de las Cortes y del Legislativo con la impunidad; los únicos otros que podemos todavía somatar la mesa y botar algunas piezas podridas del tablero somos los electores.

¿Qué tal darles opción a los partidos y candidatos presidenciales y a alcalde que se han posicionado claramente a favor de la Cicig y de la continuidad de la lucha contra la corrupción? ¿A aquellos que han expuesto públicamente sus declaraciones fiscales, patrimoniales y de no tener pendientes con la ley, en la iniciativa tres de tres? Demos nuestro voto para el Congreso a partidos que no han sido parte de los contubernios que han impedido que avancemos con la depuración del Estado. Ningún candidato de estos o sus plataformas electorales reunirán todos los requisitos que quisiéramos, pero al menos evitaremos abonar con nuestro voto al entierro definitivo del país este 16 de junio.