La ciudadanía está unida y en estado de alerta permanente. Es lo que toca en este momento histórico. El Ministerio Público (MP) ha escalado un golpe de Estado blando que, según Gene Sharp, es un conjunto de técnicas no frontales y no violentas de carácter conspirativo, que tienen el fin de desestabilizar a un gobierno y causar su caída, sin que parezca que ha sido consecuencia de otro poder. En ocasiones, ese tipo de golpe se relaciona con una guerra jurídica o lawfare, como ahora en Guatemala.

Eso ha hecho el MP contra la democracia y contra el gobierno electo de Semilla. Mientras, el actual Congreso, conformado aún mayoritariamente por las fuerzas más oscuras y representativas del Pacto de Corruptos, busca meternos varios goles antes de dejar el cargo el próximo mes de enero de 2024. Bien dice el dicho que en río revuelto, ganancia de traidores. Pero la ciudadanía está más fuerte que nunca en todo el territorio nacional y más dispuesta a unirse, sin importar los argumentos ideológicos que las visiones jurásicas aún buscan sostener para dividirnos.

Si bien es cierto que la mayoría de fuerzas organizadas del país reconocen en el MP al responsable del descalabro y por ello piden la renuncia de las cabezas que han dirigido esta cruzada, hay que saber que ellos no solo reciben órdenes de una mafia criminal, sino que ahora se defienden a sí mismos de la posibilidad de enfrentar a la justicia en un futuro no muy lejano. Están contra la pared, defendiendo la impunidad y la corrupción histórica. De allí este golpe de Estado blando, como alternativa al golpe de Estado militar que tan bien conocimos durante el siglo XX. Ahora la guerra es jurídica y se usan las instituciones y los marcos normativos en contra de la misma democracia que los creó.

Las imágenes de estos últimos días han sido fuertes. Ha sido un ultraje a plena luz. Es difícil ver nuestros votos tirados en mesas para que los cuenten lentamente los corruptos, desconociendo el papel rector y las funciones del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y del Registro de Ciudadanos en el proceso electoral que aún corre. Con estas acciones, el MP también ha desconocido la integridad de las juntas electorales y receptoras de votos, así como la de los fiscales de los distintos partidos en ambas vueltas. Y, más allá, desconoció la acreditación oficial que el TSE ya le extendió al binomio de Semilla, como presidente y vicepresidenta electos.

Ante tal provocación, la ciudadanía no se amedrenta, porque el hartazgo es proporcional a las acciones históricas del Pacto de Corruptos. Buena parte de la ciudadanía no acepta este golpe y por ello sale a las calles a expresarse y manifestar, pero también usa los canales legales e institucionales necesarios para restituir lo poco de democracia que nos queda. La ciudadanía no está distraída, aunque tengamos que trabajar; estamos alertas a cada movimiento porque ya sabemos quiénes conforman el pacto y cómo se relacionan el Ejecutivo, la Corte Suprema de Justicia y el Congreso. Las redes sociales nos ayudan a ver las cosas en tiempo real y a actuar en consecuencia, aunque no tengamos ni el poder ni los recursos de quien ocupa un cargo público. Sabemos jugar en la cancha sin violencia, pero las amenazas son muchas y constantes.

Ahora debemos también poner los ojos en un Ejecutivo sin legitimidad, en una CSJ muy cuestionada y en un Congreso que intenta meternos muchos goles en los siguientes cuatro meses para darle la estocada final a la democracia, aprobando leyes como la de amnistía para militares y guerrilleros por crímenes durante el conflicto armado interno; o la de la eliminación de la independencia de jueces, entre otras modificaciones al sector justicia; o la de hidrocarburos, que prorroga el contrato de Perenco para que paguen cero regalías al Estado; o la ley Monsanto, que va tras nuestras especies nativas, entre otras. Pero ni distraída, ni golpeada ni goleada, esta ciudadanía pide democracia. Y eso lo cambia todo.