Garantizarse impunidad es uno de los factores clave que une al Pacto de Corruptos. Esta alianza se generó a partir de las investigaciones y procesos judiciales por casos de gran corrupción y de graves violaciones a los derechos humanos durante la guerra. Está integrada por actores del sector político, grupos de poder económico —tradicional y emergente—, militares de la contrainsurgencia y redes de crimen organizado.

Algunos están guardando prisión. Otros están prófugos. Hay quienes se sumaron en calidad preventiva —porque saben que tienen la cola machucada y que en cualquier momento podrían aparecer indicios que les involucren— y hay algunos más que no tienen vela en ningún entierro pero están asustados o no quieren ser puestos en la congeladora por “traición” a su clase.

Está claro que los del pacto pro-impunidad no quieren dejar cabos sueltos que les impliquen el más mínimo riesgo. Por eso tienen detenida, con sus socios del Congreso, la elección de la Corte Suprema de Justicia y las Cortes de Apelaciones hasta garantizarse una nueva Corte de Constitucionalidad en donde no haya magistrado o magistrada independiente que les corrija la plana con sus resoluciones.

Y por eso también están empeñados en deshacerse cuanto antes del Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, y del jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci), Juan Francisco Sandoval, que les han resultado irreductibles. Porque vaya si no han intentado de todo para quitarlos del medio sin obtener resultado.

Cualquiera sin el temple del fiscal Sandoval ya hubiera tirado la toalla. Primero sacan del país a la Cicig que le brindaba un fuerte apoyo al equipo de la Feci. Después, con el cambio de Fiscal General, empieza el acoso interno por la vía del debilitamiento de su fiscalía, la admisión de denuncias penales y la apertura de procesos administrativos contra varios de sus integrantes, incluyéndolo. Luego le infiltran su círculo familiar —nada menos que a su hermano— y acrecientan el acoso sistemático por la vía de campañas de difamación y calumnias en las redes sociales y en los medios al servicio del pacto de corruptos.

Y en esta última semana —ya perdiendo todas las formas— nombran, por orden directa de Consuelo Porras, a una “fiscal especial” para investigar las denuncias espurias contra Juan Francisco Sandoval. Y digo perdiendo todas las formas porque vergüenza creo que nunca han tenido.

Para no dejar dudas ni cabos sueltos sobre el resultado de la investigación “independiente” eligieron contratar a Karin Orellana, una abogada que fue parte del equipo de asesores de José Luis Benito, exministro de Comunicaciones del gobierno de Jimmy Morales, que está prófugo desde que la Feci incautó en una de sus propiedades maletas llenas de miles de dólares junto a un cintillo con su nombre completo.

Más tardó Consuelo Porras en autorizar el nombramiento y mandar a sus adláteres a justificarlo, que en dejarlo sin efecto. Y no fue solamente por las críticas que se multiplicaron como espuma ni bien se conoció la designación, sino porque algún “piadoso” le avisó que la abogada Orellana es pareja de un individuo requerido por las autoridades estadounidenses por narcotráfico y le evitó un bochorno mayor a la hora de la captura del susodicho. Cuentan algunas fuentes que por los corrillos cercanos al Despacho hubo quien afirmó que “menos mal ya la habíamos des-contratado”.

No, no es Macondo, es Guatemala. Aquí donde los poderes fácticos volvieron a tomar control de espacios clave, como la Fiscalía General del MP, que por algunos años habían perdido. Pero ojo que el mensaje que vino con la captura del novio no fue cualquier cosa. Habrá que ver si en el medio del desConsuelo, logra entenderlo.