Somos, por el contrario, el noveno país más violento entre los 204 del mundo, según la Unodc. Aquí “se pueden identificar los retos que tiene el Estado para mejorar el bienestar y el desarrollo de la juventud, siendo evidente el limitado acceso a los servicios públicos y la permanente vulneración de sus derechos, perpetuando la transmisión de la pobreza intergeneracional, la que se concentra en el 82.2% de la juventud, afectando particularmente a las mujeres jóvenes y la juventud indígena, de quienes la información recabada denota condiciones de mayor desventaja y desigualdad, a quienes se suman la juventud LGBTI y la juventud con discapacidad, que son invisibilizadas por el Estado, al no contar con registros e información acerca de su situación”. (Informe de línea base del estado situacional de los derechos de la juventud en Guatemala 2014-2017, Observatorio de Juventud/UNFPA/PDH)

Luego de leer este informe, una cosa me queda clara: lo que el Estado ha dejado de hacer e invertir en materia de protección integral de la niñez y la adolescencia ha definido significativamente la deplorable situación de la juventud actual. Guatemala apenas invierte en cada una de sus niñas, niños y adolescentes Q8.89 diarios, principalmente en la partida del Ministerio de Educación (Icefi). Lo paradójico es que el promedio general de escolaridad de jóvenes entre 13 y 29 años es de solo 7.4 años (6.5 años en indígenas y 8.3 en no indígenas). Esta inversión diaria es la más baja en Latinoamérica y habla de la no garantía de los derechos humanos de la mayoría de personas menores de 29 años, que hoy suman más de un 70 por ciento de la población total del país (51 por ciento corresponde a adolescentes y jóvenes entre los 13 y los 29 años).

No somos fatalistas, sino realistas, y ya no nos sirve negar lo obvio. Ante la coyuntura que vivimos, y a riesgo de convertirnos (ilegalmente) en un Tercer País Seguro sin las capacidades para serlo, preocupa que en poco tiempo las cifras de este informe (todas oficiales), ya reveladoras de la incapacidad del Estado guatemalteco para garantizar los derechos humanos de su juventud, sean aún más alarmantes. Si hoy 6 de cada 10 jóvenes buscan empleo sin conseguirlo y solo el 2.1% de ellos tiene acceso a trabajo formal, protección social y salario igual al mínimo, ¿cómo será cuando tengamos a miles de deportados pidiendo asilo? Si hoy en Huehuetenango solo dos de cada 10 adolescentes y jóvenes acceden al ciclo básico de educación, ¿qué pasará cuando las poblaciones se ensanchen? Estamos hablando de sobrevivencia. Hoy, 9 de cada 10 jóvenes que sufren violencia de diferentes tipos son mujeres, y los nacimientos en mujeres menores de 18 años se han incrementado significativamente en el último quinquenio. Según el informe, contamos con la tasa de fecundidad más alta de América Latina y una de las más bajas en educación y empleo en mujeres (sobre todo indígenas). Si el Estado guatemalteco ha sido incapaz de frenar estos problemas de salud pública, educación y empleo, ¿cómo podrá hacerlo ahora, luego del chasquido de dedos de Trump al gobierno de Morales?

Uno de los datos más interesantes del informe es que los mayores responsables de los hechos delictivos cometidos en todo el país no son ni adolescentes ni jóvenes. Ellos apenas constituyen el 10.81% de todos los sindicados por delitos. Esto permite ir quebrando el mito de que joven=criminal, y nos recuerda que niños, niñas, adolescentes y jóvenes son, antes que nada, sujetos de derechos. El informe reta al Estado de Guatemala a cumplir con sus obligaciones y compromisos con las nuevas generaciones. La vida real de las y los jóvenes guatemaltecos se desarrolla hoy en un territorio donde faltan espacios para la recreación, el deporte y la alegría; donde la salud, la justicia, la educación y la vida digna quedan aún lejos, sobre todo para las mujeres jóvenes, para las indígenas, la juventud LGBTIQ y aquella con discapacidades. Aquí la lógica del desamparo y la muerte aún priva sobre la lógica del cuidado y la vida. Ante tanta evidencia, ¿no es perversidad y estulticia convertirnos en una inmensa prisión solo para ganar una elección?