Convertir el patrimonio biocultural y arqueológico del país en una especie de Disneylandia es la más reciente propuesta que se escucha en el medio. Esta iniciativa busca enajenar del patrimonio estatal, bajo una figura de administración y control privado, una porción significativa de nuestro territorio en el norte de Petén, incluida toda su riqueza y diversidad biológica y patrimonio arqueológico. Para el efecto, se gestiona que el Senado norteamericano apruebe una ley con competencias extraterritoriales, que conceda, además, millones de dólares para financiar la conversión del complejo arqueológico de El Mirador en una especie de parque temático. Un arqueólogo norteamericano se ha abrogado el derecho a decidir el destino y forma de uso del patrimonio forestal, biológico, cultural y arqueológico de los guatemaltecos, sin importar que en ese proceso despojará de sus medios de vida a los pobladores de las selvas que aún existen en el norte del Petén, y que se dedica a la explotación sostenible de los recursos naturales del bosque, bajo un modelo de desarrollo sostenible que ha sido exitoso y reconocido a nivel mundial como una forma efectiva de proteger y sostener el patrimonio forestal que todavía le queda al país.

Este modelo, que propicia una convivencia armoniosa entre el ser humano y su entorno, sería sustituido por formatos de “empleabilidad” y “emprendimiento” que volverían dependientes a los habitantes de esos territorios de lo que ocurra o deje de ocurrir en ese parque temático privado bajo control foráneo, muy al estilo de lo que ya pasa en Izabal con la minera de níquel, afectando, además, los circuitos económicos donde participan miles de pequeñas y medianas empresas de turismo y las cadenas productivas y de empleo que se asocian a este sector, que hasta ahora constituye uno de los pocos motores de crecimiento económico algo más incluyentes que tiene el país. Sector que, por cierto, ha sido tremendamente golpeado por la epidemia.

Tal parece que la crisis sanitaria, económica y humanitaria que está provocando la pandemia de covid-19, junto con la crisis constitucional con que agrede el PactoDeCorruptos al Estado de Guatemala, no los detiene.

Frente a la intención manifiesta de enajenar y privatizar nuestro patrimonio se ha levantado y pronunciado una amplia gama de actores, instituciones y organizaciones que se oponen a esta terrible amenaza: los principales de los 48 cantones de Totonicapán, el Consejo de Pueblos K´iche, Consejo de Sabios y Sabias Mayas, la Liga Maya Internacional, el Colegio de Químicos y Farmacéuticos de Guatemala, la Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos de Guatemala, la Asociación de Estudiantes de Biología y la comunidad etnobiológica de la Usac; la Asociación Guatemalteca de Arqueología, el proyecto arqueológico La Corona, el proyecto arqueológico Salinas de los Nueve Cerros, y los ministerios de Relaciones Exteriores y Cultura y Deportes.

Estas y otras organizaciones exigen que respete al Estado de Guatemala, su legislación, el área protegida de la Reserva de la Biosfera Maya (RBM) y la riqueza cultural y arqueológica que en ella se resguarda. Es inadmisible que una persona a quien se le abrieron las puertas del país, pensando que, en buena fe, apoyaría el trabajo arqueológico nacional, esté ahora impulsando respaldos que nos enajenan a los guatemaltecos del patrimonio protegido por nuestra legislación; un legítimo legado nacional que ahora quiere ser manejado desde un muy particular y antojadizo punto de vista. Estamos frente al mayor depredador que enfrenta el planeta: gentes que quieren apropiarse hasta de nuestra historia milenaria.