Por más que se deseemos que este año nuevo nos depare satisfacciones, es muy difícil esperar que eso suceda en un país como Guatemala. Cuando revisamos aspectos como la proximidad del proceso electoral con más de lo mismo, la crisis de la justicia, el alto nivel de delincuencia y la espiral inflacionaria, no resulta muy gratificante el escenario que nos depara el 2023. En las próximas elecciones participarán más de veinte agrupaciones políticas, pero es un hecho que son pocas las opciones de cambio que nos esperan. Los magistrados del Tribunal Supremo Electoral han generado muchas dudas porque se han plegado a los intereses de la vieja política y han hostigado a posibles candidatos ajenos a la alianza oficialista. Además, la sombra del crimen organizado ronda las próximas elecciones con políticos implicados en negocios turbios. La reciente solicitud de extradición de Estados Unidos contra dos diputados y dos alcaldes presuntamente implicados en el narcotráfico confirman el temor de que se multiplique el financiamiento electoral mal habido.

La justicia tampoco permite ser optimistas en este nuevo año. El caso contra la exfiscal Virginia Laparra fue declarado bajo reserva por la jueza Carmen Acú, luego de que el Ministerio Público lo solicitara para evitar que los medios de comunicación presencien el proceso. Según el fiscal Noé Rivera, la prensa vulnera los derechos de los detenidos y tergiversa la información, lo cual es un abierto ataque contra el derecho a la información. Con esta medida buscarían que los medios no reporten las atrocidades que cometen contra la exfiscal. A esto se agrega la denuncia de José Rubén Zamora, presidente del diario El Periódico, de que el juez Freddy Orellana intimidó y amenazó a su testigo principal, además de haberlo excluido como testigo en la etapa de juicio. En ambos casos se percibe el objetivo de criminalizar a la exfiscal Laparra por su anterior trabajo con la Cicig y a Zamora por dirigir un periódico que ha revelado los negocios oscuros de quienes conforman el pacto de corruptos.

Este año comienza con nubarrones en materia económica. Mientras los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de las salas de Apelaciones se recetaron aumentos del 70 por ciento de sus salarios nominales, y los jueces de primera instancia sobre el 50 por ciento, la mayoría de guatemaltecos afronta la escalada inflacionaria con salarios raquíticos. El Índice de Precios al Consumidor señala que la inflación llegó al 9.17 por ciento en noviembre pasado, la más alta en los últimos seis años. Aunque a partir del 1 de enero rige un nuevo salario mínimo de Q3,323.60 para la actividad agrícola; de Q3,416.38 para la no agrícola, y Q3,143.54 para los sectores exportador y de maquila, los recientes incrementos de precios anulan totalmente el poder adquisitivo de los sectores de bajos recursos. Para poder estirar sus magros ingresos las familias tienen que comprar productos de inferior calidad, lo cual afecta la dieta alimenticia.

Aunado a la crisis económica, la población resiente también un incremento de la criminalidad. Las extorsiones, los asaltos, las violaciones y los asesinatos atormentan a diario a los guatemaltecos. Una encuesta de la empresa Cid-Gallup, realizada en mayo del año pasado, reveló que, de 12 países latinoamericanos, Guatemala ocupa el primer lugar con el mayor número de víctimas de robo o asalto. A la fecha el gobierno del presidente Alejandro Giammattei no ha desarrollado una estrategia coherente para combatir este flagelo. Se sabe de los lugares donde se han incrementado las extorsiones, así como los sectores con mayor nivel de asaltos, pero no se observa que el Ministerio de Gobernación haga algo. De esta manera comenzamos el nuevo año, en el que cada guatemalteco tendrá que ver cómo logra salir adelante.