Ayer, en su columna del diario La Hora, el amigo Óscar Clemente Marroquín, en relación con la noticia de la solicitud de extradición del diputado José Armando Ubico, se preguntaba: “¿Y la inteligencia militar estaba en gallo?”. Agregando que el ahora señalado por los Estados Unidos había sido calificado como amigo y aliado del presidente Giammattei.

Todos sabemos cómo en nuestro país la inteligencia militar conoce los pasos de muchos, y por eso es aún más notorio cuando el propio Ejército confirió la Orden Monja Blanca al diputado Ubico, quien preside la Comisión de Defensa del Congreso de la República.

En todo el mundo hay corrupción. Hace poco, una parlamentaria europea socialista fue señalada en relación con el Mundial de Qatar; sin embargo, cuando los actos delictuosos no son de diputados rasos, sino de verdaderos lugartenientes de una alianza oficial, sí los ciudadanos debemos exigir más explicaciones.

Los guatemaltecos acostumbramos a esperar un caudillo o que del cielo vengan las soluciones, y esta actitud nos mantiene en los peores indicadores sociales de América Latina y de forma paralela ahogar el precario andamiaje democrático.

Un señalamiento a políticos por actividades ligadas al narcotráfico no puede seguirse viendo como parte del paisaje, salvo si como sociedad ya bajamos la cabeza y nos resignamos a ver narcos en posiciones de poder público. Recordemos cómo a la fecha el Ministerio Público no ha movido un dedo en relación con la investigación de la conspiración para asesinar a Thelma Aldana, Juan Francisco Sandoval y Oscar Shaad, cuando fungían como fiscales, y la UCN sigue siendo un partido fundamental para esta gestión de gobierno y solo computando los terribles hechos como parte de una estadística.

Nuestra Constitución señala: “Todos los actos de la administración son públicos. Los interesados tienen derecho a obtener, en cualquier tiempo, informes, copias, reproducciones y certificaciones que soliciten y la exhibición de los expedientes que se deseen consultar, salvo que se trate de asuntos militares o diplomáticos de seguridad nacional, o de datos suministrados por particulares bajo garantía de confidencia”, si todos los actos del poder son públicos, salvo aquellos militares y diplomáticos de seguridad nacional, es lógico suponer que el presidente de la Comisión de Defensa del Congreso tiene un grado de información bastante mayor al manejado por cualquier otro funcionario, no digamos ciudadano, y al tener este señalamiento por parte de los Estados Unidos y además procurado en Cortes guatemaltecas por el propio Ministerio Público, cuya objetividad e imparcialidad no ha sido su mayor atributo, nuestra seguridad está en riesgo.

El 2023 es un año electoral y llama la atención cómo los principales candidatos callan sobre sus planes de combate del narcotráfico y cada vez más se hacen públicos señalamientos a distintos dirigentes políticos, de diversas organizaciones, por vínculos claros e inequívocos con el narco. La narcopolítica nos debe preocupar a todos, sin importar el crisol ideológico.

Oscar Clemente puso el dedo en la llaga con su columna, y coincidimos totalmente con él cuando escribió: “Y es que dada la forma en que opera el narcotráfico y el uso que hacen de nuestro espacio aéreo, bajo control de las Fuerzas Armadas, el hecho que el mismo ministro de la Defensa se encargara de otorgar esa condecoración e imponerla en el pecho al famoso diputado de TODOS es en realidad una soberana vergüenza, porque casi cualquiera que se relacionaba con él podría escudarse en que sus operaciones con los narcos eran desconocidas, pero eso no lo puede decir nuestro Ejército con sus extenso sistema de inteligencia militar”.

Aunque peque de iluso, quiero creer que la construcción del Estado Constitucional de Derecho aún es posible. Esperaremos sentados las explicaciones del Ejecutivo, del Congreso y del Ejército.