Uno no es Salomón, ni pretende serlo. Pero pasan los años y se va viendo cómo el Estado atiende a las poblaciones en el extranjero, y cómo las deja de atender. Guatemala ha sido campeona en ser la más ineficiente para prestar servicios al ciudadano en el exterior. A pesar de que una sexta parte de los chapines vive afuera, el país no les da ni siquiera lo más básico: documentos de identificación. “Es más fácil saltarse la frontera, que recibir un pasaporte”, me dijo una vez un paisano en el Consulado de Miami. Similar situación con los certificados de nacimiento, que son indispensables cuando se vive de indocumentado. E igual, o tal vez peor, la tarjeta del DPI. Uno tras otro, los servicios se prestan con esmerada ineficiencia; con sobrada pedantería; e inmerecido desdén. Y, en 2019, cuando llegó el turno de organizar una elección presidencial en el exterior, el Tribunal Supremo Electoral no se quedó atrás, y cayó también en el barranco de la ineficiencia. Solo que aún un poquito más vergonzoso. Gastaron millones. Pero solo 734 personas votaron desde EE. UU. Me pregunto si ¿eso incluye a quienes participaron en la organización del evento, algunos, incluso, enviados desde Guatemala?

Ciertamente, en 2019, el órgano electoral no dedicó ni tiempo ni cabeza para hacer un ejercicio mínimamente exitoso. Pero sí destinó recursos económicos, y lo usó con despilfarro. Finalmente, fueron casi Q50 millones los que se dice que gastaron en el proceso. Entonces, cada voto habría costado alrededor de 64 mil quetzales.

64 mil quetzales, cada voto.

La voluntad política para hacer algo menos penoso, realmente no existió. Pero a la dedicación que sí tuvieron, le veo cuatro errores centrales: 1. No priorizaron la documentación, que en el exterior es raquítica; 2. Cero esfuerzo a publicidad. ¿Qué proceso público tiene éxito si nadie se entera de él? 3. Los magistrados confiaron demasiado en “líderes migrantes” que, sinceramente, carecieron de representatividad y profesionalismo; y 4. Diseñaron, desde el principio, un proceso basado en el voto electrónico. Ciertamente, la votación final fue presencial. Pero la concepción fue siempre electrónica.

Para enlistarse como votantes en el extranjero, había que hacerlo desde una “app”, experiencia que fue un desastre. Solo como 2 mil personas se empadronaron. Entonces, el Tribunal tuvo que hacer trampa y habilitó automáticamente a todos quienes hubieran tramitado el DPI en EE. UU. Esto, sobre la ley, y sin que ellos lo solicitaran, o siquiera se enteraran.

Esta semana, el Tribunal Supremo Electoral sostuvo un conversatorio sobre la elección en el exterior para 2023. Y, nuevamente, todo indica que a los magistrados les está apachando el ojo el famoso el voto electrónico. Insisto en que uno no es Salomón. Pero no creo equivocarme al decir que el e-voto no es para países como la Guatemala del presente.

Este tipo de modalidades tal vez serán el futuro en sociedades que están más avanzadas que nosotros. Por ello, es que en el presente, son pocas las experiencias exitosas en el mundo. Un caso ejemplar es Ucrania. Pero Ucrania tiene una tasa de alfabetización de 99.97%.

Creo que, sin tantas ínfulas, el modelo adecuado para Guatemala es un voto presencial en sede consular. Así como lo hizo Costa Rica, -creo- desde 2014. Eficiente, seguro, de modesto gasto, efectivo, y con un muy considerable alcance poblacional. Que no se obnubilen los magistrados que próximamente viajan a Estados Unidos. Esta es una opción con ese sentido común, que a veces hace tanta falta.