¿Cómo levantar un país donde una mayoría sin poder ni participación plena apenas sobrevive, una minoría con demasiado poder y poca conciencia mal gobierna, y otros más están ocupados apagando fuegos? ¿Cómo se dibuja una agenda de nación cuando los primeros ni siquiera opinan, los segundos no solo tienen el poder económico, social y político, sino que tienen una agenda propia que responde a sus intereses, y los terceros no tienen ni tiempo para articularse y construir una agenda estratégica?

La aplastante coyuntura obliga a decidir sobre qué hecho reciente escribir, habiendo tantos sucediendo casi simultáneamente. Solo para ponernos en escenarios recientes: un día nos llega la noticia del —injustificado— estado de Sitio en 22 municipios del país; al otro, la del —vergonzoso— retiro de la Embajada de Guatemala en Suecia; luego, amanecemos para darnos cuenta que las cruces que estaban en la Plaza de la Constitución en memoria de las adolescentes asesinadas por el Estado en el Hogar Seguro han sido —arbitraria y maliciosamente— retiradas antes del 15 de septiembre; y, finalmente, en la agenda del Congreso de la República se discute la aprobación, en tercera lectura, de la —retorcida— iniciativa de ley 5272. Todo entre noticias de niños y niñas que mueren por la negligencia de instituciones estatales, los ecos de un posible tercer país seguro, los asesinatos de defensores de medioambiente y derechos humanos, y la imparable violencia cotidiana. ¿Cómo decidir qué de todo lo anterior es más importante, cuando todo lo es?

En Guatemala nos mantenemos con la amígdala cerebral en permanente estado de alerta y con la adrenalina a tope. Por ahora, me quedo con la 5272 para el resto del artículo, no solo porque todo lo demás ya sucedió, sino porque esta aún puede frenarse, y porque es otra de esas aberraciones jurídicas que la mafia del Congreso actual insiste en aprobar, sin argumentos racionales de peso y marcando un claro retroceso en materia de derechos humanos. Hagamos un poco de país entonces.

En primer lugar, la 5272 es una apología al odio: “Toda persona tiene derecho a su libertad de conciencia y expresión, derecho que implica no estar obligado a aceptar como normales las conductas y prácticas no heterosexuales”, dice la iniciativa. ¿Hasta dónde llegará la libertad de conciencia y expresión de un homofóbico armado y violento cuando se sienta respaldado por una norma como ésta?

En segundo lugar, la 5272 es irracional: aunque nuestras leyes permiten el aborto terapéutico cuando la vida de la mujer embarazada esté en riesgo, la 5272 criminaliza los abortos espontáneos o naturales. Imagine que “se le viene” un embrión a cualquier mujer y un doctor la apoya clínicamente durante su pérdida. Como esta iniciativa señala que “el aborto es la muerte natural o provocada del embrión o feto en cualquier etapa del embarazo, hasta antes del nacimiento”, ambos irían presos, aunque el aborto hubiese sido espontáneo o natural.

En tercer lugar, la 5272 es de corte medieval: limita el concepto de familia a un solo modelo nuclear, y no reconoce a las familias monoparentales o monomaternales como familias ni a las conformadas por parientes cercanos de niños y niñas como abuelas o tías, mucho menos a los matrimonios entre personas del mismo sexo que quieran conformar una. Además, “prohíbe enseñar como normales las conductas sexuales distintas a la heterosexualidad.”

Lo anterior barre con la intención de una sociedad democrática e igualitaria, y atenta contra el principio de igualdad consagrado en nuestra Constitución. Además, contradice varios compromisos internacionales signados por el Estado de Guatemala. Preocupa que los que nunca leen lo que firman aprueben este nuevo Frankenstein, cuando podrían mejor hacer país y legislar contra la incitación al odio, consignándola como delito, con sanciones de tipo penal asociadas.