La fiscal general, Consuelo Porras, estaba llamada a resolver el conflicto institucional que existe en el país, a partir de conocerse cómo la Comisión Permanente del Congreso había desobedecido una orden de la Corte de Constitucionalidad (CC). Sin embargo, la jefa del Ministerio Público aparentó que se lavaba las manos, pero en realidad servía a los intereses más oscuros cuando disparó una carga de antejuicios contra 92 diputados, 13 magistrados judiciales y seis de la CC. Aunque daba la impresión de ser una hábil jugada para salir airosa como heroína porque se enfrentaba a todas las fuerzas en pugna, la realidad era otra. Tras esa pirotecnia de antejuicios lo que se escondía es una treta para enderezar, de nuevo, todas las baterías contra los magistrados de la CC.

¿Por qué la andanada de antejuicios esconde el ataque contra la CC? Según los procedimientos establecidos, al Congreso le corresponde conocer los antejuicios contra los magistrados de la CSJ y la CC. Por su parte, la CSJ debe conocer los antejuicios contra los 92 diputados, que conforman la alianza oficialista, encabezada por el diputado Felipe Alejos. Con anterioridad se ha visto que los magistrados de la CSJ han protegido a Alejos para que no sea despojado de su inmunidad parlamentaria. En otras palabras, tanto estos magistrados como la alianza oficialista en el Congreso son la parte fundamental del Pacto de Corruptos y es obvio que se van a proteger entre ellos. Esa mafia tiene muy claro que el enemigo a vencer son los magistrados de la Corte de Constitucionalidad y en esta ocasión Consuelo Porras se los ha vuelto a poner en charola de plata.

Por si eso no bastara, hay otro actor de importancia que ha definido el camino a seguir: el sector empresarial. Qué casualidad que el mismo día en que la fiscal Porras diera a conocer su lluvia de antejuicios, varias cámaras del sector privado se lanzaran contra la yugular de la CC. La Cámara de Industria, la Cámara del Agro, la Asociación de Azucareros, la Asociación de Amigos del País, entre otros, se pusieron de acuerdo para reiterar que los magistrados de la CC cometieron prevaricato al ampararse a sí mismos. Sí, estos grupos son los mismos que nunca han dicho nada de que ahora el Congreso está dirigido por una diputada de un narcopartido, tampoco que la CSJ protege al diputado Felipe Alejos con serias implicaciones en el caso Traficantes de Influencias y tiene el control del Congreso. Tampoco han dicho nada de que el encarcelado empresario Gustavo Alejos quiere controlar la justicia del país, a través de candidatos a magistrados de la CSJ y de Apelaciones. Claro, a esos empresarios venales les conviene contar con magistrados susceptibles de ser comprados.

Pero hay algo imperdonable en el caso de la fiscal general. Todo el ataque contra los magistrados de la CC se debe a que estos ampararon a Consuelo Porras cuando esta argumentó que existían vicios en el proceso de elección de magistrados para CSJ y cortes de Apelaciones. La CC ordenó al Congreso elegir magistrados idóneos. El Pacto de Corruptos se lanzó contra los magistrados de la CC porque fue puesto en evidencia que trataba de escoger magistrados para ponerlos a su servicio. Además, cuando Porras formaba parte de la CC suscribió un fallo a favor del entonces magistrado Alejandro Maldonado Aguirre, sobre quien se pedía retiro de antejuicio. Porras acuerpó con su firma que al magistrado no se le podía despojar de inmunidad por las opiniones expresadas en el ejercicio de su cargo. A partir de esto se entiende que no hay tal independencia de la fiscal general. Las acciones de Porras sirven a los intereses del pacto de corruptos y de la cúpula empresarial, la cual habría sido alertada sobre la lluvia de antejuicios y así se preparó para lanzar sus comunicados contra los magistrados de la CC.