En las últimas semanas ha habido actividad legislativa que es considerada por muchos sectores como positiva para el país. Los avances en la aprobación de iniciativas que son parte de la agenda económica como la Ley de Simplificación de Trámites Administrativos y la Ley de Zonas Francas, muestran cierta voluntad política en el Congreso de la República para aportar al crecimiento económico y el desarrollo. Ahora que se tiene ese buen camino, no debemos dar un paso hacia atrás, ni siquiera para tomar impulso. Con ello hago alusión a la aprobación de las reformas a la Ley de Contrataciones del Estado a finales de abril.

Aunque el espíritu de realizar las reformas pudo tener una intención correcta de promover la agilización de los procesos de cotización y licitación, el resultado no es prometedor. Las reformas actuales se encuentran lejos de solucionar el problema de fondo y más bien, representan un retroceso en la transparencia en los procesos de contrataciones públicas.

En momentos en que estamos en la mira de la comunidad internacional y el compromiso con el combate a la corrupción debe ser manifiesto, realizar reformas que promueven mayor discrecionalidad en el gasto público definitivamente no será aplaudido.

Distintas cámaras empresariales, organizaciones gremiales, tanques de pensamiento y otros actores ya se han pronunciado en contra de las reformas a dicha ley. La ampliación del monto para las compras directas y de baja cuantía permitiría que se realicen adquisiciones sin pasar por procesos competitivos, en los cuales las adjudicaciones se realicen conforme a criterios técnicos y evaluaciones justas. En un país donde el presupuesto de la nación se utiliza en un 62% para funcionamiento, un 16% para deuda y un 20% para inversión, debiéramos ser más vigilantes del destino de esos recursos. Sin procesos transparentes para las adquisiciones, solo se abre la puerta para un gasto sin control y el abuso en el uso de los recursos públicos.

En épocas donde necesitamos reactivación e inversión para salir adelante como nación, la fiscalización del uso de los recursos del Estado es crucial. Es nuestro deber ciudadano supervisar el adecuado manejo de dichos recursos, pero resulta imposible si se limita la visibilidad de los procesos. Debido a eso, las reformas actualmente planteadas, en lugar de generar una solución, pueden incluso agravar el problema. Las reformas aprobadas por el Congreso de la República representan un riesgo y el veto presidencial es el paso correcto. Es por ello que debemos continuar exigiendo que dichas reformas no sean sancionadas.

No digo que las reformas al sistema de adquisiciones no sean necesarias. Por el contrario, son vitales. Pero no hay que retroceder ni un milímetro en lo que ya hemos avanzado en materia de transparencia. Más bien, se debe promover una discusión profunda y técnica, en la que se involucren a distintos sectores y se genere una propuesta de cambio de fondo.

Hay modelos en distintos países que pueden servir de base para ir fomentando esos cambios positivos. No solamente a nivel legislativo, sino también aumentando la capacidad de gestión de las instituciones del Estado. Con mayor eficiencia, procesos más competitivos y mayor fiscalización de la ciudadanía, iremos avanzando hacia un mejor sistema de adquisiciones.