La descomposición del sistema se ha acelerado con la destitución ilegal del licenciado Juan Francisco Sandoval, quien fungía hasta el viernes 23 de julio como jefe de la Fiscalía contra la Impunidad (Feci) en el Ministerio Público. Es un golpe brutal para el país. Es como agotarse el último tanque de oxígeno disponible cuando ya nos encontrábamos a tantos metros de profundidad en el mar oscuro y helado en que están convirtiendo a Guatemala. Me parece que la tesis de la “Restauración Conservadora”, del restablecimiento del antiguo statu quo de la era pre Cicig, se está quedando corta para intentar explicar lo que está sucediendo. No es solo un retroceso el que vivimos a épocas y formas de actuación predemocráticas, sino que estamos asistiendo a la consolidación de la ilegalidad como el nuevo marco normativo de actuación del poder público. Estamos viendo emerger un nuevo país, un nuevo Estado, ya no hecho solo a medida de las elites tradicionales, sino que ahora tiene como prioridad responder a toda esa gama de actores y sectores que han emergido tanto del abuso de los recursos públicos como de otras fuentes no menos lícitas. Un nuevo polo de poder que fácilmente puede devorarlo todo.

Todo esto está pasando, sin tocar siquiera los textos fundamentales del Pacto Social que se forjó en 1985. Tal parece que se necesita ese cascarón de legalidad para seguir manteniendo, por lo menos un tiempo más, un espacio de “legitimidad” en la comunidad internacional. Posiblemente esta fachada se necesita también para mantener la funcionalidad de otras múltiples operaciones lícitas e ilícitas que nos interconectan al sistema financiero internacional; con las decisiones y acciones sobre seguridad regional y con el manejo de las relaciones diplomáticas y políticas con los países que muestran interés por ejercer mayor influencia sobre el que otrora se consideraba el exclusivo “patio trasero norteamericano”.

Por eso el Ministerio Público es tan estratégico, y más que optar por cerrar la Feci dejan el cascarón. En un país que antepone la forma sobre el fondo, como excusa para preservar el statu quo, a esto se le llama “respetar la institucionalidad”. Casi seguro que esa fue la narrativa empleada con la Comunidad Internacional para dar un mensaje de “aquí no pasa nada de importancia” con la destitución del fiscal Sandoval. Sabemos, no obstante, que eso no es cierto. Lo sabe la comunidad internacional y lo sabe el pueblo de Guatemala, que ha manifestado ampliamente su rechazo a esta decisión.

Irónicamente, todo esto ocurre a escasos días de que el gobierno norteamericano hiciera una significativa donación de vacuna, con la cual le proporcionó al Gobierno un salvavidas de estabilidad. No duró ni una semana; la prisa por consolidar, protegerse y expulsar a quienes no se ajusten al sistema es mucho más fuerte. Varios hemos dicho que la política exterior norteamericana dominante en el último siglo, de convivir con operadores corruptos toda vez complazcan ciertos aspectos de sus intereses, ya no funciona. Honduras y Nicaragua son claros ejemplos. La autonomía relativa que han ganado los políticos con la penetración de lo ilícito en todas las esferas de la sociedad ha cambiado ese formato de relacionamiento. En este caso, a la fiscal general no le quedó más remedio que ponerse al frente, como escudo protector de quienes la llevaron al puesto, desafiando su ya delicada relación con los Estados Unidos y traspasando en el proceso el límite de los acuerdos no escritos pero sí vigentes. Seguramente las repercusiones de este hecho para el país irán más allá del exilio del licenciado Sandoval, e incluso de la Feci misma.