Desde 1991 funciona el Parlamento Centroamericano, un organismo que ha pasado con más pena que gloria en la región. ¿Cuándo se ha visto que asuma una posición en torno a la crítica situación que vive Nicaragua, Honduras o Guatemala? Jamás. Los legisladores centroamericanos siempre ven para otro lado. Es un elefante blanco que sirve quizá para cultivar amistades entre diputados de países como República Dominicana, Panamá, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Guatemala, pero en términos de incidencia política ni huele ni hiede. Además de ser un organismo inoperante, también ha servido como refugio para buscar impunidad. Desde ya se sabe que Jimmy Morales y Jafeth Cabrera asumirán sus escaños en el Parlacén después del 14 de enero próximo, cuando concluyan su mandato como presidente y vicepresidente, y será una forma de evitar una eventual persecución penal en su contra.

El Parlacén surgió de buenas intenciones, como un órgano de representación política y democrática de los países centroamericanos para coadyuvar a la resolución de los conflictos armados que sacudían el Istmo. Se sustentó en la Declaración de Esquipulas I, del 7 de agosto de 1987, como parte del esfuerzo de creación de mecanismos institucionales para fortalecer el diálogo, el desarrollo, la democracia y el pluralismo con vistas a la integración regional. Este foro está constituido por 20 diputados por cada país, a los que se suman los presidentes y vicepresidentes salientes. Entre los actuales representantes guatemaltecos, electos el 6 septiembre de 2015, hay cinco diputados de Líder y dos del Partido Patriota, ambos partidos inexistentes en la actualidad. Y a la pregunta ¿qué han hecho los diputados guatemaltecos?, la respuesta es obvia, nada. Las resoluciones de este organismo no son vinculantes con la legislación de Guatemala y de ninguna de las naciones que lo integran.

¿Sabe usted cuánto cuesta mantener ese elefante blanco? Cada diputado guatemalteco del Parlacén devenga Q50 mil mensuales, entre salarios y dietas, que significan una erogación de Q15 millones al año, además de Q2 millones de dólares (otros Q15 millones) anuales para funcionamiento y los gastos de mantenimiento de la sede de ese organismo en esta capital. ¿Vale la pena mantener semejante adefesio con tanta necesidad que tiene el país en materia de salud, educación e infraestructura vial? No, porque solo ha servido para que los partidos postulen como candidatos a diputados centroamericanos a sus familiares, amigos o lo use para pagar compromisos de sus financistas electorales. Tuvo mucha razón Costa Rica en su rechazo a formar parte de este organismo, por considerarlo oneroso y poco funcional. Al contrario del despilfarro de recursos que el resto de países del Istmo ha hecho, los ticos los han empleado mejor para dar bienestar a su población.

A lo largo de Centroamérica, el Parlacén no tiene buena imagen. Cuando en el 2009 Ricardo Martinelli tomó posesión como presidente de Panamá dijo que ese organismo era una “cueva de ladrones” y añadió que su país lo abandonaría para no malgastar recursos. Sin embargo, en el 2014 ya había cambiado de parecer y nomás asumió el nuevo presidente, Juan Carlos Varela, Martinelli tomó posesión de su curul del Parlacén en Guatemala, como forma de evadir la persecución penal en su contra por corrupción y otros delitos. Ese caso es similar al del expresidente salvadoreño Mauricio Funes, también acusado de corrupción y que se acogió al organismo regional para evadir a la justicia de su país. Es evidente que el Parlacén significa para sus miembros una dolce vita, entre viajes, cocteles y viandas, pagada con nuestros impuestos, sin que sea un organismo efectivo. ¿No creen, estimados lectores, que ya basta de que exista algo sin sentido y que encima votemos por los diputados para el Parlacén que pasarán cuatro años sin hacer nada?