La política guatemalteca y sus poderes afrontan índices de desconfianza ciudadana alarmantes. El Congreso de la República no es la excepción, en mediciones de opinión pública en el 2023 se calificó la confianza en el Congreso con un escaso 6%. En los siguientes días, el 14 de enero, asume una nueva legislatura. El 42% de los diputados seguirán en su cargo y habrán 93 nuevos diputados del total de 160 diputados.

La falta de confianza de la ciudadanía hacia el Congreso radica en la noción que los diputados buscan satisfacer intereses particulares en conflicto o sustitución a los intereses de la nación. Un ejemplo de ello es que por cuatro años el Congreso no buscó alternativas para la elección retrasada del poder judicial; además de la constante aprobación de iniciativas de ley que buscaban ampliar el presupuesto y programas asistencialistas sin promover mecanismos de transparencia y control en el gasto.

En los últimos cuatro años la alianza oficialista en el Congreso ha fungido como una especie de facilitador de recursos, pero ha carecido de establecer mecanismos de rendición de cuentas y fiscalización para que la ejecución de esos recursos fueran de calidad. La aprobación anual del presupuesto general de la nación ha ido en detrimento con un aumento constante en gastos de funcionamiento y una disminución en la inversión. Además de los múltiples señalamientos de poca efectividad en la ejecución presupuestaria.

La última aprobación de presupuesto fue suspendida por la Corte de Constitucionalidad temporalmente por violar derechos fundamentales por lo que quedará vigente el presupuesto del año pasado. Estas consideraciones pueden servir como punto de partida para establecer una agenda legislativa que inicie a construir confianza ciudadanía hacia el Congreso. Para ello es fundamental que se aborde la calidad del gasto, que se mejoren los controles de fiscalización así como el aumento de inversión y disminución de gastos innecesarios en el Estado.

Además de retomar el control del gasto público para poder aprobar un presupuesto general de acuerdo a las expectativas ciudadanas hay otras oportunidades para la próxima legislatura. En octubre de este año se elige Corte Suprema de Justicia. El buen funcionamiento del poder judicial estará, en buena medida, en las manos del Congreso ya que tendrán que elegir a los nuevos Magistrados del Organismo Judicial para un periodo de 5 años.

Los diputados que asumirán próximamente tienen la oportunidad de renovar el sistema político. Actualmente la percepción ciudadana con todo el sistema político es negativo y una reforma eficiente a la ley electoral y de partidos políticos que premie la libertad de participación puede dotarle de mayor legitimidad a los representantes e incluso varios de ellos podrían verse beneficiados si realizan un trabajo positivo durante estos años.

Las funciones de los diputados son de representación, legislación y fiscalización. La fiscalización del uso de los recursos públicos no debe ser algo opcional ni deseable sino que debe ser una función esencial en el desempeño de sus funciones. La fiscalización debe trascender de las publicaciones mediáticas y enfocarse en hacer efectiva la fiscalización para que los fondos públicos sean ejecutados eficientemente.

En la próxima alternabilidad de poderes que Guatemala el 14 de enero se vislumbra una ventana de oportunidad para mejorar la dinámica del Congreso y empezar a construir confianza con la ciudadanía. Para ello será necesario que el Congreso deseche las prácticas de facilitación de recursos sin control, que se sostenga discusiones de nivel sobre los problemas trascendentales para aumentar el desarrollo de los guatemaltecos.