La implementación de la estrategia regional de manejo de la emigración indocumentada es el tema central de la visita del representante especial del gobierno del presidente Biden a Guatemala, señor Ricardo Zúñiga. No tengo duda de que la premisa del planteamiento norteamericano es correcta: hay que enfrentar y resolver lo que causa la emigración indocumentada hacia Estados Unidos de miles de centroamericanos cada año, y crear condiciones distintas para que no tengan que emigrar. Tampoco dudo que tengan abundante información y evidencia sobre la situación de vida y las condiciones que detonan la emigración; tal vez no tienen información muy actualizada, pues el sistema estadístico nacional está catatónico desde el 2014; a menos, claro está, que sea para reportar índices macroeconómicos que lo único que reflejan es cómo las élites, aun en crisis globales, siempre se las arreglan para concentrar más riqueza, importándoles muy poco que la experiencia vital de las mayorías suele ser muy distinta, por no decir totalmente opuesta.

Si la hipótesis de causalidad es correcta y tienen claras las repercusiones de que el 50% de la población centroamericana viva en la pobreza y que un 14.5% pase hambre regularmente, lo que me queda es plantear tres dudas: la primera, es sobre la teoría de cambio que sustenta el diseño de la intervención regional y sus componentes. La segunda, sobre los actores que, según su perspectiva, podrían detonar y conducir los cambios que quieren lograr. Tercero, sobre la inevitable brecha entre tiempos políticos y tiempos que toman los procesos de desarrollo, especialmente cuando requieren cambios estructurales.

Quizá lo que más me preocupa de la teoría de cambio, que parece implícita en la propuesta para la región, es seguir pensando que lo que necesitan nuestras economías es una inversión masiva que desatará la inversión privada en lo local y así crear los puestos de trabajo que hacen falta para evitar que la gente no emigre. Si bien la inversión adicional nunca está de más, el caso es que Guatemala es un país clasificado como de ingresos medios y que bien podría financiar en buena parte su propio desarrollo socioeconómico, si la economía no estuviera también cooptada.

Repito: aquí, no es solo el Estado el que está cooptado; también la economía. Es apenas un puñado de familias y de alianzas económicas las que controlan transectorialmente la producción y la distribución, establecen los precios de los bienes y servicios y, sobre todo, las reglas con las cuales funciona la economía y el sistema social en general. Tal es el nivel de cooptación de la economía que terminan asfixiando al que no tiene activos, al que no tiene capital, al que no tiene ni hereda privilegios. Esto lleva, por un lado, a la expulsión masiva de gente, pero también conmina a muchos a buscarse el ascenso social y económico por medio de una gama de prácticas espurias e ilícitas que terminaron pudriendo el sistema político y la burocracia estatal, así como normalizando la “cultura de que es el más listo (entendido como “aprovechado”) y el más servil (en lugar del “más ciudadano”) el que prospera. Así que no importa cuánto se “diversifique” y crezca la economía, si solo los mismos la controlan y disfrutan de sus beneficios.

Una interpretación diferente de la causalidad debe llevar a la interlocución y alianza con actores diferentes. Si dialogan con los mismos de siempre, no veo cómo va a cambiar la situación. Simplemente, aprovecharán estos cuatro años para llevar los procesos a su ritmo y conveniencia; eso sí, aprovechando su dinero y con más poder, esperando, discretamente, que acabe el gobierno de Biden.