MIRAMUNDO

Poder, libertad y sectas

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La lucha de la humanidad para ejercer el poder público de forma limitada y racional es inmensa. En los últimos cuatro siglos, esta lucha se llama “constitucionalismo”. Una constitución existe para sujetar el poder a la ley, y solo si hay límites a quienes, en un momento determinado, ejercen funciones públicas puede hablarse de respeto a la libertad. No hay libertad ni posibilidad de ella sin controles efectivos al poder, y la historia enseña cómo jamás encontraremos excepciones.

Por siglos, los Estados fueron también procuradores de distintas religiones, los católicos romanos, los católicos ortodoxos, los protestantes, los musulmanes, entre tantos, muestran cómo la proclamación oficial de la fe significa determinados privilegios y protecciones, pero también rechazo o resistencia a creencias diferentes.

Un Estado debe garantizar las libertades y una de ellas es la libertad religiosa, por ello los Estados optan por ser laicos; es decir, por no patrocinar ninguna religión oficial y permitir el libre juego de las distintas creencias en sus sociedades, así se logran marcos de tolerancia, coexistencia y comunidad.

Las sectas, por su parte, son divisiones o grupos surgidos de las religiones o también de forma extensiva de doctrinas políticas, en las cuales un grupo específico ya no comulga con la dirección general y realizan nuevas propuestas, pero en este proceso, casi por lo general, generan sentimientos de odio, rechazo y hasta de venganza frente a quienes, en un momento determinado, eran sus compañeros de credo.

Optar por una religión, o bien dejar de hacerlo, constituye un acto de libertad. El libre albedrío juega un papel fundamental porque, de lo contrario, los aparentes fieles estuvieran obligados o coaccionados para ser parte de algún grupo, destruyéndose en esencia el germen esencial, como lo es la libertad.

' Recordemos cómo en nombre de Dios se producen y protegen horrores, cobardías y atropellos indescriptibles.

Alejandro Balsells Conde

Ejemplos de sectas hay muchos; por ejemplo, si vemos temas religiosos, el 18 de noviembre de 1978, en la Guayana Esequiba (actual Guyana, pero sujeta a reclamación venezolana) perdieron la vida 923 personas, y fue el dirigente principal, llamado Jim Jones, quien ordenó “el suicidio”, pero luego se tradujo en asesinato. En Texas, el 19 de abril de 1993, 76 miembros de una secta perdieron la vida. En temas políticos también encontramos sectas, las “purgas revolucionarias” de la guerrilla atestiguan varios asesinatos, y también se conoce cómo desde la derecha los propios escuadrones de la muerte hicieron lo mismo con “quien consideraban traidor”.

Las sectas se caracterizan por su irracionalidad, pero son más peligrosas cuando sus miembros están seguros de actuar por mandato Divino, pues no existe recurso humano alguno ante la decisión de Dios y así estas personas pierden cualquier noción de límite, ya que Dios es Absoluto y la Constitución, pues, es una simple obra humana.

En los últimos tiempos vemos en el mundo, y Guatemala no es ninguna excepción, la proliferación de expresiones abusivas del poder “amparadas” en mandatos divinos, y sin duda puede ser un recurso populista, pero también luego comprendemos cómo estas personas han perdido la noción de su mandato y por eso nuestro régimen constitucional sí debe revisar, con muchísimo cuidado, la diferencia entre profesar una religión de forma libre y la manipulación de fieles por dirigentes que, como hemos podido ver, son auténticos delincuentes o funcionarios abusivos.

Tenemos la obligación de asegurar la garantía de libertad para todos y esta es inexistente cuando algún fanático ejerce poder público y en sus decisiones pesa “su plática con Dios”, porque es notoria la ausencia de discernimiento, y recordemos cómo en nombre de Dios se producen y protegen horrores, cobardías y atropellos indescriptibles.

El respeto a la libertad requiere de garantías, y la principal es contar con actos de poder decididos desde el marco constitucional y no de tertulias particulares con poderes Divinos.

ESCRITO POR:

Alejandro Balsells Conde

Abogado y notario, egresado de la Universidad Rafael Landívar y catedrático de Derecho Constitucional en dicha casa de estudios. Ha sido consultor de entidades nacionales e internacionales, y ejerce el derecho.