En nuestra vida republicana el promedio de edad de nuestras constituciones es de 20 años. Dos excepciones a la regla, la constitución liberal de 1879 llegó hasta la Revolución de Octubre de 1944, de manera formal estuvo vigente porque en la práctica, un abogado, Manuel Estrada Cabrera, y un militar, Jorge Ubico Castañeda, supieron manosearla para que solo fuera barniz a sus dictaduras, el otro texto fuera de la regla es la actual, el próximo 14 de enero cumplirá 35 años de regir en el país, solo con la reforma de 1993 y 1994 (en menos de diez años sí entró en crisis).

Jorge Mario García Laguardia, nuestro más grande constitucionalista nos dice: “Es conveniente no reformar la Constitución con frecuencia. La permanencia de la Constitución, produce fortaleza en la misma, reconocimiento de comunidad y no sólo de los jueces, de la supremacía de la misma y creación de sentimiento constitucional. Necesidad de hacerlas solamente cuando son absolutamente indispensables. Y, además, cuando el texto constitucional ha sido debidamente desarrollado a través de la legislación ordinaria”.

Las constituciones actuales más que contener y reconocer un catálogo de derechos entrañan en sí mismas auténticos programas de gobierno, los derechos económicos, sociales y culturales deben ser procurados y garantizados por acciones positivas del Estado, pero hay sectores poderosos a quienes no gusta esta obligación. Nuestra constitución señala “el régimen económico y social de la República de Guatemala se funda en principios de justicia social”, (artículo 118); “El trabajo es un derecho de la persona y una obligación social. El régimen laboral del país debe organizarse conforme principios de justicia social” (artículo 101), pero a la fecha algunos poderosos niegan la existencia misma de la justicia social y la encasillan como lineamiento socialista con el único objeto de legitimar poder escoger la parte de la constitución que quieren y desechar la que no. El constitucionalismo social surge en el mundo debido a la ineficacia de los aparatos estatales para asegurar la paz social y evitar constantes formas de explotación laboral, las constituciones residen, como lo señala Ferdinand Lassalle, en los factores reales y efectivos de poder que en un país rigen. Nuestra Asamblea Constituyente se eligió en 1984 y promulgó el texto en 1985. De 88 asambleístas sólo 3 eran mujeres, ahora tenemos 160 diputados y 32 son mujeres. Los pueblos indígenas no son reconocidos en la constitución como tales, sino como “grupos étnicos” conforme el artículo 66. Una constitución democrática obliga al surgimiento de nuevos grupos organizados para convertirse en factores reales de poder, pero como es lógico los tradicionales no quieren perder su porción, otro ejemplo lo vemos en las diferencias entre el sector cooperativo y bancario.

Nuestra constitución no puede desarrollarse porque sectores poderosos se niegan a ello, por citar algunos de sus mandatos, una ley que garantice la propiedad y tenencia de la tierra de pueblos indígenas, una ley de aguas, una ley que prohíba monopolios y garantice la competencia, (menciono 3 ejemplos de muchos más). La constitución se frustra cuando se garantiza la propiedad privada, pero son los grandes terratenientes quienes boicotean el catastro y la reforma registral, por seguir señalando casos puntuales. Algunos creerán en un Estado grande y otros en un aparato más pequeño, pero todos debemos coincidir en que el Estado debe ser fuerte. Mucho de lo que vivimos es porque estamos frente una grave crisis constitucional donde sectores tradicionales y legítimos no reconocen a nuevos grupos también legítimos que tienen poder y en esta pugna el diseño constitucional no se desarrolla por la legislación ordinaria y por el contrario se justifica la burla a los mandatos constitucionales.