Si hemos de ser objetivos, aquí el mercado no ha fallado totalmente; sin embargo, a poco más de tres décadas del Consenso de Washington, los indicadores de pobreza, de desarrollo humano, de percepción de corrupción, de libertad económica, de estado de Derecho y otros muestran, año con año, que el mercado, aquí, ha fallado en una medida importante.

En las encuestas de opinión, una de las preocupaciones del ciudadano medio es, siempre, su situación económica, y las remesas familiares han ido en aumento meteórico porque los migrantes no encuentran aquí opciones para salir adelante a un nivel que satisfaga sus aspiraciones. Prefieren ahorrar por unos años, pagar una suma significativa de dinero a alguna red de coyotes y asumir unos riesgos enormes para ir a buscar mejores condiciones de vida en los Estados Unidos (incluyendo el riesgo de ser deportados). Por consiguiente, los mercados que operan en el país apenas han dado para un nivel de subsistencia muy básico para la mayoría de la población y, en ese sentido, el mercado ha fallado.

En otros países como Chile, Nueva Zelanda o Irlanda, por ejemplo, la apertura de aquellos de sus mercados que permanecían cerrados, sobrerregulados o distorsionados por impuestos excesivos, subvenciones o por barreras proteccionistas, supusieron un desarrollo económico y social notable en más o menos el mismo período (si bien Chile comenzó un poco antes) y, por consiguiente, se impone la cuestión de ¿por qué ha fallado aquí el mercado?

Obviamente hay más de un factor que explica esta falla; sin embargo, el más importante, en mi opinión, es el de la paulatina degradación de las instituciones sobre la base de las cuales se desarrollan los mercados. Un mercado puede funcionar hasta en condiciones sumamente adversas, pero no al límite de su potencialidad. Las historias de mercados negros de moneda dura en países como Cuba o la antigua Unión Soviética son bien conocidas. Empero, esos y otros mercados negros son sumamente arriesgados y muy poco eficientes.

Los mercados son procesos de incesantes negociaciones de todo tipo, cada una de las cuales es un contrato. Por medio de esos contratos, los agentes económicos disponen de una enorme variedad de derechos de propiedad y de crédito. El promedio trimestral de acciones negociadas en la Bolsa de Valores de Nueva York, solamente de la compañía Apple, es de 92.9 millones de acciones (Most Active Stocks Today-Yahoo Finance) ¿Cómo pueden lograrse volúmenes como esos?

En primer lugar, los derechos que se negocian deben estar claramente especificados (tarea que les corresponde a los tribunales de justicia al aplicar la ley); en segundo lugar, esos derechos deben ser libremente negociables (si la libertad existe a nivel constitucional, su tutela efectiva les corresponde a los tribunales de justicia), en tercer término, los costes de acceso a la información relevante para poder negociar (que ha de figurar en registros públicos confiables), más los costes de negociación y, lo más importante, los costes de exigir el cumplimiento de las promesas contractuales (tarea que corresponde a los tribunales de justicia), deben ser insignificantes respecto de la cuantía del negocio.

En ese orden de ideas, la ineficiencia y la informalidad de los mercados de bienes, derechos y servicios en Guatemala son un reflejo de la disfuncionalidad de sus instituciones de justicia porque de estas depende, principalmente, que se den las condiciones necesarias para que los mercados se desarrollen hasta el límite de su potencialidad. Mientras esas instituciones no se reformen, el mercado, aquí, seguirá fallando.