En una pandemia no hay muertes cero. Sin embargo, la reducción de los contagios y los fallecimientos depende en gran medida de una gestión integral y eficaz de la emergencia. Cuando inició la crisis, en marzo de 2020, las decisiones tenían que ver con medidas básicas de prevención como el lavado de manos, el uso de la mascarilla y el distanciamiento social. También con una estrategia de rastreo y aislamiento de casos para retrasar la transmisión comunitaria y preparar al sistema de salud.

En países como el nuestro, donde prevalece la pobreza y la desnutrición, la gestión debió, además, incluir un plan de apoyo para las familias más postergadas. Al comienzo de la pandemia algunas de las medidas iban en esa dirección. Sin embargo, con el paso de las semanas la gestión de la crisis se tornó cada vez más errática y la opacidad en el uso de los recursos se fue profundizando. El semáforo de alertas se trabajó desde una lógica economicista, velando —como siempre— por los intereses del gran capital frente al bienestar de las mayorías.

Las palabras del presidente respecto de su compromiso por preservar la vida y la salud de la población y no “traicionar” el juramento que hizo como médico quedaron en promesas falsas. El personal de Salud de primera línea se vio obligado a denunciar la precariedad que vienen enfrentando desde el día uno y aquello que al inicio parecía ser producto de decisiones apresuradas, dada la llegada imprevista del virus al país, se convirtió en la lógica de la gestión que hasta hoy prevalece.

Las fotografías de pacientes tirados en el suelo en el hospital provisional del Parque de la Industria hablan por sí solas: al gobierno de Alejandro Giammattei le importa tres carajos que la gente se muera. Si no fuera por las y los médicos y el personal de Salud que pese a todo siguen disputándole al virus las vidas de nuestros conciudadanos, la batalla contra el covid estaría completamente perdida.

Lo más grave es que la saturación y muchas de las muertes de estos últimos meses podrían haberse evitado si se hubiera dado prioridad a la vacunación garantizando agilidad, eficiencia y transparencia en la compra y aplicación de las vacunas. Por el contrario, cada vez se conocen más detalles de un negocio millonario y pestilente que tiene al país arrinconado y dependiente de las donaciones, que son la única razón por la que no se ha detenido el plan de vacunación.

Con más de 11 mil muertes y 4 mil contagios diarios, y con un ritmo de inoculación de los más bajos de la región, se esperaba que el Gobierno anunciara medidas contundentes para disminuir la propagación del virus y los fallecimientos, y para evitar el colapso total de la red hospitalaria. Contrario a lo que exigió públicamente el Colegio de Médicos y a la petición desesperada del personal de Salud Pública, Giammattei apareció el viernes anunciando medidas débiles e insuficientes ante el tsunami del covid y la variante delta. Una cadena oficial solo para taparle el ojo al macho.

Además, la pandemia se ha convertido en la sombrilla perfecta para el recorte de derechos y libertades; para que el Gobierno y sus aliados del Pacto de Corruptos profundicen la cooptación del sistema de justicia; para que la fiscal general desbarate las investigaciones y casos de corrupción y para que las redes ilícitas sigan robando a sus anchas con total impunidad. A este paso, cardenal Ramazzini, jamás van a aparecer las “pruebas” que usted y la comisión permanente de la CEG piden para entender por qué se exige la renuncia de Giammattei.

Son las miles de muertes evitables, el aumento de la pobreza y el hambre, la indolencia del Gobierno frente al sufrimiento del pueblo y la corrupción rampante los motivos principales de la indignación. Pero, claro, no hay peor ciego que el que no quiere ver.