La pandemia de covid-19 expuso de manera descarnada las terribles desigualdades que enfrentamos a nivel mundial, regional y local en todas las esferas. Y, lamentablemente, producto de este sistema global —excluyente e inequitativo— las mismas no solamente no disminuyeron sino se profundizaron.

Hoy, el mundo es más desigual. América Latina es más desigual. Y Guatemala también es más desigual. Lo vemos en la profundización de la pobreza, el hambre y el desempleo. Y lo constatamos también en la enorme brecha existente en el acceso a los servicios de salud y los medicamentos, y en temas tan esenciales para la prevención de contagios como el agua potable y el jabón.

La grieta cada vez más profunda entre países ricos y pobres se replica también a lo interno de sociedades que, como la guatemalteca, multiplican hasta el infinito las vulnerabilidades y exclusiones. Porque aun cuando el virus no distingue a quién contagia y a quién no, hay una gigantesca diferencia en sus impactos y en las posibilidades para hacerle frente, tanto a nivel sanitario como económico.

Por insólito que parezca, y aun cuando por esta pandemia global han fallecido 1.7 millones de personas, ahora que estamos frente a la posibilidad de detener al covid-19 por la vía de la vacunación masiva y eficaz sigue privando la lógica del lucro por encima de los derechos a la salud y la vida.

La semana pasada, la Alianza Vacunas para el Pueblo —una coalición mundial de organizaciones que defiende el acceso equitativo a la vacuna contra el covid-19— denunció que “las naciones ricas, que representan únicamente el 13% de la población mundial, han comprado ya más de la mitad de las futuras vacunas”. Y que, “a menos que se tomen medidas urgentes, en casi 70 países pobres solo se podrá vacunar a una de cada 10 personas en 2021”. Esto a pesar de la advertencia hecha por la Organización Mundial de la Salud (OMS) respecto de que para llegar a la inmunidad de grupo es preciso vacunar aproximadamente al 70% de la población mundial.

La situación ahora es completamente a la inversa. De acuerdo con una investigación de Oxfam, países como Estados Unidos, el Reino Unido, Canadá y la Unión Europea están comprando por adelantado la mayor parte del suministro mundial de vacunas, acumulando una cantidad de dosis entre tres y cinco veces mayor que la que necesitan para inmunizar a sus poblaciones.

Con claridad, el director de la OMS ha indicado que “acaparar vacunas para una minoría privilegiada no pondrá fin a esta pandemia”. Dicho en otras palabras, mientras haya millones de personas y decenas de países pobres que queden marginados del acceso a las vacunas, los contagios y las muertes seguirán siendo la constante global y no habrá solución para la crisis sanitaria ni económica que nos aqueja.

Cada vez son más las voces que se suman a la lucha por una vacuna justa contra el covid-19, que implica, entre otras cosas, que los Estados ricos se abstengan de concretar acuerdos bilaterales con las farmacéuticas y que se anteponga el derecho a la salud de las personas antes que la propiedad intelectual de las empresas por la vía de las patentes. El secretario general de la ONU, António Gutérres, lo dijo con claridad: las farmacéuticas también tienen responsabilidades en materia de derechos humanos y esto implica eliminar cualquier obstáculo que impida el acceso universal al derecho a la salud.

El papel de los gobiernos en hacer todo lo posible para suministrar la vacuna a su población también es fundamental. El nuestro, para variar, está llegando tarde a la cita y parece no entender que la vacuna es una de las intervenciones de salud pública más rentables porque rompe la cadena de transmisión. A ver si espabilan. De eso dependen millones de vidas.