No oigo, no oigo, soy de palo; tengo orejas de pescado. Es una cantaleta de origen anónimo, cuya temporalidad se sitúa en mitad del siglo pasado. Probablemente se originó en las traducciones de televisión mexicana en programas dirigidos a los niños. Ilustra una respuesta infantil donde se ignora lo que no quiere aceptarse como presente en la realidad.

Tal actitud se replica en las expresiones de agravios realizadas por ciudadanos afectados por la acción de la invalidada Cicig. Expresarse es un derecho reconocido universalmente. La libertad de la palabra no puede ser vedada. No obstante, la Corte de Constitucionalidad prohibió un espacio de audiencias en el Congreso de la República, el 14 de octubre de este año. Se suma a decisiones reiteradas, en franca contradicción con el orden constitucional.

Sin embargo, el presidente del Congreso, Álvaro Arzú Escobar, con respaldo en el inciso l del artículo 18 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, insistió en la formación de esa comisión. Se le llamó, de manera altisonante, comisión de la verdad. Podría haberse nominado como de recepción de agravios por mala gestión u otra manera más concreta de considerar su finalidad, ligada a la evaluación de una modalidad de atacar la impunidad. La conforman los diputados Juan Ramón Lau, Luis Hernández Azmitia y Manuel Conde Orellana, dispuestos a escuchar quejas contra la actuación de la comisión internacional. Esa iniciativa no puede deducir responsabilidades a integrantes de la Cicig, de ningún tipo, pues en la creación de esa comisión se excluyó esa posibilidad. No obstante, de las situaciones denunciadas no puede emanar una condena absoluta, ni el desconocimiento de aportes a la técnica en la averiguación penal por parte de la fenecida comisión.

Los errores de malos elementos no invalidan toda la actuación de la concluida Cicig. Muchas veces el poder corrompe, de donde reflexionar sobre los controles y avisos para evitar excesos contribuye a perfeccionar nuevas iniciativas contra la impunidad. En ese sentido, la experiencia nacional puede ser de interés al poder judicial y la fiscalía, salvadoreñas y hondureñas, empeñadas en similar experimento.

Para quienes observan sin involucramiento personal, se debe prestar atención a ciertos puntos para mejorar la administración de justicia. La falta de substancia jurídica en la prisión provisional es el principal. En muchos casos revela bastante arbitrariedad. Otro asunto consiste en la manera poco cuidada de los arrestos y conducción de los presuntamente responsables. Servirse de direcciones equivocadas, horas, registros arbitrarios y hasta confusión de arrestos es lamentable. Es cierto que no todos los integrantes y colaboradores de la Cicig mantuvieron un nivel ético y profesional debido. Se ha denunciado la presencia de extorsiones por aprovechados de información reservada. Por lo tanto, sugerir maneras para corregir las malas actuaciones y la inspectoría activa por un tercer órgano puede mejorar la persecución penal.

No pueden manifestarse solamente dos posiciones extremas: una facción está dispuesta a negar cualquier aporte y la otra facción a pregonar la perfección. Cierto, no se pueden ignorar situaciones indebidas, yerros evidentes y abusos lamentables. La única manera de conseguir un aprendizaje beneficioso consiste en observar y reconocer situaciones deleznables, pero sin olvidar que hubo aciertos y fortalecimiento del sentido de justicia. Para ello, quienes desean expresar criterios donde se advierte imparcialidad debieran también ser tomados en cuenta.