Los impuestos que pagamos los ciudadanos están sirviendo para financiar la agenda de la restauración conservadora y de control elitista sobre el Estado, y eso se expresa claramente en el presupuesto 2020. Como mencionara en mi columna anterior, por el lado de los ingresos, el presupuesto retroalimenta el mecanismo perverso del endeudamiento interno con el sistema financiero del país como medio para soportar el gasto público, ante la falta de una política fiscal progresiva. De hecho, Guatemala tiene ahora la carga tributaria más baja de Latinoamérica.

Por el lado del gasto, se prioriza la agenda de las megainversiones, llamadas “Alianzas Público-Privadas”, orientadas todas a infraestructura que es vital para el sector exportador, o a la Ciudad de Guatemala. Esto no estaría mal si dichas “Alianzas” fueran realmente financiadas por el sector privado, en condiciones realmente justas para el Estado, y que respondieran a las necesidades que tiene la gran mayoría de productores y habitantes del país que no cuentan con el privilegio de acceso a los espacios de poder donde se definen las prioridades de inversión del presupuesto público, por parte de pequeños grupos que solo tienen su agenda particular en mente.

Por el lado del destino del gasto, el presupuesto 2020 lo pone a una a pensar que lo que quieren es quitarle el “agua al pez” nuevamente, asfixiando a la población privándola más todavía de servicios básicos para su supervivencia: salud, educación, producción de alimentos, acceso a servicios básicos, producción de información estadística, falta de oportunidades económicas, solo por enumerar algunas. Distintos centros de investigación han advertido ya sobre las absurdas y contraproducentes reducciones de asignaciones presupuestarias en el presupuesto 2020 y sobre normas presupuestarias que constituyen auténticos “golazos” para las nuevas autoridades.

Es lamentable que se hagan ejercicios como “presupuesto abierto” y se ufanen de que ello aporta democracia, transparencia y eficiencia a la formulación del presupuesto cuando, en realidad, poco se toman en cuenta los planteamientos de los ministerios y secretarías: los techos de gasto se siguen fijando arbitrariamente por parte de Minfin y terminan, encima, trastocados por las decisiones que toman en la Comisión de Finanzas y Moneda y luego en el pleno del Congreso. Dejan atados a ministerios clave para la reducción de la desnutrición crónica, la atención primaria en salud, o para la prevención de la violencia, por ejemplo, mientras alimentan el presupuesto de ministerios como Defensa o Desarrollo Social, que solo servirán para mantener el control social, sea a base de represión o a base de clientelismo político y corrupción. El Estado que sigue capturado, cooptado y, encima, perdió el único mecanismo que había logrado aplicar efectivamente para ponerle contrapunto a los grupos de interés que han mercado siempre con los bienes públicos.

Repito: Los ciudadanos llevamos las de perder con este presupuesto; con él se afianzan alianzas estratégicas para que el PactoDeCorruptos perdure en el tiempo y se restablezcan todos los mecanismos de clientelismo, corrupción y tráfico de influencias que han derruido el Estado republicano y democrático que alguna vez intentamos construir. Pero también lleva las de perder la nueva administración de gobierno, que no tendrá ni los recursos ni los mecanismos —bloqueados por candados dentro de la ley anual del presupuesto 2020— para detener el deterioro del Estado y garantizar la entrega de bienes y servicios esenciales a la población. De esta manera, les estarán haciendo perder el valioso tiempo político de su primer año de gobierno.