Cable a tierra

Presupuesto 2020: atentado contra la gobernabilidad

Karin Slowing karin.slowing@gmail.com

Los presupuestos públicos tienen la virtud de expresar de manera clara y abierta dónde están los verdaderos intereses de un gobierno. La propuesta para el 2020 muestra lo que el Ejecutivo y Legislativo actuales —y los intereses que representan— pretenden dejar todavía “amarrado” antes de salir. Ignoro en qué medida hay un consenso con las autoridades entrantes sobre el contenido, pero si he de juzgar por como quedó el dictamen de la comisión legislativa de Finanzas Públicas y Moneda, emitido el pasado 28 de octubre de 2019, la propuesta de presupuesto 2020, de ser aprobada, dejará a la nueva administración en una situación compleja para maniobrar.

Por el lado de los ingresos, nuevamente es un presupuesto desfinanciado, dependiente de préstamos y bonos. Guatemala registrará la carga tributaria más baja de toda Latinoamérica: 9.9% del PIB. Habrá que recurrir nuevamente al endeudamiento, siendo además que el saldo de caja que dejará el actual gobierno representa apenas el 0.1% de lo que se necesita para financiar el presupuesto; la mayor parte del déficit de ingresos (99%), equivalente a Q16,418 millones, será financiado con endeudamiento interno con el sistema bancario nacional.

Este es dinero que se sustraerá del circuito económico, en lugar de estar financiando el emprendimiento privado, la inversión productiva privada y activando la economía. No obstante, como resulta un gran negocio colocar dicha la plata en el Estado, cobrando intereses, y con un mínimo riesgo financiero, pasa hasta desapercibido. Esta lógica rentista del sistema financiero nacional es uno de los principales obstáculos que enfrentamos para desarrollar el país, ampliar y hacer crecer la economía con otra dinámica. Sepa usted que se están destinando en 2020 Q14,906 millones para pago de intereses y amortizaciones de capital, tanto por endeudamiento interno como externo. Es decir, casi lo mismo que se estará prestando, y un poco menos de lo que se está destinando a inversión pública.

Este hecho evidencia una vez más que la prioridad económica no es sacar a la población de sus paupérrimas condiciones de empleo e ingreso, sino mantener un sistema económico excluyente y concentrador, donde el presupuesto público se destina a quienes ya gozan de enormes ventajas en el sistema económico vigente. Para rematar, el presupuesto 2020 adiciona un capítulo específico para “pre-aprobar” proyectos empresariales en la modalidad de “alianzas público-privada” de manera tal que la Conadie (Comisión Nacional de Alianzas Público-Privadas) tendría carta libre, sin ningún control ni contrapeso, más que los contenidos en la ley APP, para decidir y priorizar las megainversiones. Aparte de que su prioridad es cuestionable, especialmente, cuando entre estas sobresale construir el Centro de Administración del Estado (CAE) que condenará al sector público a pagar alquileres por muchos años a algún inversionista privado para poder usar espacio para oficinas y atención a la población.

En su listado de proyectos priorizados se identifican megainversiones en infraestructura productiva, e infraestructura vial, útiles principalmente a los grandes productores y exportadores y a la ciudad capital; mientras tanto, las demás ciudades del país languidecen, avasalladas por las nuevas responsabilidades que devienen de su crecimiento demográfico; no digamos el área rural, donde todavía se concentran los más pobres, que seguirán en el abandono. Muestra de ello es el magro presupuesto que se sigue asignando al Maga, a pesar de los problemas de hambre, desnutrición y deterioro ambiental progresivo que tenemos. Luego no quieren que la gente migre, ni proteste ni se manifieste.