El Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN) está llevando a cabo el proyecto “Alerta Presupuesto” para alertar sobre aspectos del presupuesto público que trascienden la discusión coyuntural. Acá se presenta una síntesis del gasto en inversión pública. La Segeplán ha dado avances importantes, principalmente durante la administración actual, en torno a la normativa del Sistema Nacional de Inversión Pública. La publicación de un Marco Conceptual del SNIP actualizado, de la Política de Preinversión 2022-2032 y de la Guía de Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión Pública muestran la intención de la Segeplán de que exista una alineación entre los planes y el presupuesto, y particularmente pretende brindar las orientaciones para que se concreten las inversiones públicas más convenientes para la sociedad. Ahora el desafío es que todos estos avances en normativa e instrumentos sean llevados a la práctica por las entidades públicas de inversión.

Aunque Guatemala ha mostrado avances en acceso a servicios de infraestructura básica, aún cuenta con rezagos, desde una perspectiva comparativa, como en el caso del saneamiento. No es suficiente contar con acceso a los servicios de infraestructura, sino que deben ser de buena calidad. La calidad de los servicios en Guatemala es inferior a lo que habría de esperar a partir de su nivel de ingreso. El gasto en inversión pública es insuficiente y tiene una tendencia contraria a la del promedio de América Latina. Al comparar los períodos 2002-2006 y 2012-2016 se ve que la inversión pública de América Latina creció en 1.1 puntos porcentuales (de 2.8 a 3.9% del PIB); mientras que en el país se redujo en 1.7 puntos (de 4.5 a 2.8% del PIB). Además, en un estudio se encontró que Guatemala debiera invertir US$48,199 millones en los sectores de agua y saneamiento (37.4%), energía (19.1%), transporte (19.9%) y telecomunicaciones (23.6%) para expandir y mantener la infraestructura necesaria para cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenibles. Otro estudio estimó que el costo adicional en infraestructura de carreteras, y en agua y saneamiento debiera ser 3.2 y 0.6% del PIB en 2030, respectivamente.

De hecho, el gasto en inversión pública en Guatemala fue utilizado como variable de ajuste fiscal luego de la crisis financiera internacional del 2009, ya que pasó de representar el equivalente al 4.1% del PIB durante la crisis financiera internacional a representar el 2.5% del PIB en 2016-2019, previo a la pandemia del covid-19. El gasto en inversión física es el que se sacrificó luego de la crisis financiera internacional, ya que se redujo en 1.27 puntos porcentuales del PIB entre 2008-2011 y 2021, y pasó de representar un 44.7% del gasto en inversión pública en el período 2008-2011 a un 23.3% en 2021. Según el portal del Sistema Nacional de Inversión Pública para proyectos que fueron aprobados para el ejercicio fiscal 2021, tanto la cantidad de obras (64.0%) como el monto ejecutado (39.3%) se concentraron en el nivel municipal. Por otro lado, los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codede) tienen mayor cantidad de obras (32.2%) que los ministerios (2.9%), pero con menor monto total de inversión que los ministerios (28.1% vs. 30.2%, respectivamente). Se encontró que la mayor parte de las obras de infraestructura física son de baja cuantía. Específicamente el 92.3% de las de los gobiernos locales, el 84.9% de las de los Codede y el 69.9% de las de los ministerios fueron de hasta Q900 mil. El punto de partida debiera ser contar con un plan nacional de infraestructura integral que oriente estratégicamente el gasto en inversión pública. Se sugiere flexibilizar gradualmente el presupuesto para liberar recursos que puedan utilizarse en el gasto de inversión pública y simultáneamente avanzar en lograr un incremento de la recaudación tributaria. En el plazo inmediato se deben fortalecer las competencias de todos los involucrados en la inversión pública.