¿Quién va a ganar las elecciones del 16 de junio? Posiblemente el abstencionismo. Sí, porque a apenas 10 semanas no hay certeza sobre este proceso. La primera encuesta de Prensa Libre y Guatevisión señala que Sandra Torres, Zury Ríos y Thelma Aldana encabezan las preferencias de votos para la Presidencia. Sin embargo, no hay certeza de que estas candidatas vayan a participar, porque eso depende de la resolución de las cortes. Esta es la primera vez que se desarrolla un evento de esta naturaleza con tantos tropiezos, tiempos muy ajustados y la evidente intromisión de poderes paralelos, lo cual resta credibilidad a los comicios. Esta incertidumbre impactará en el ánimo de los ciudadanos, que están llamados a emitir su sufragio en poco tiempo y con tan poca claridad.

Esta semana fue crítica para la credibilidad de las elecciones y también ha generado más rechazo, por el proceder de varias instituciones. El lunes pasado, el Tribunal Supremo Electoral (TSE), por mayoría, revocó la inscripción de Aldana porque el finiquito extendido por la Contraloría General había perdido efectos. Pero la magistrada María Eugenia Mijangos, en su voto razonado, expresó que existen razones suficientes para que el TSE se abstuviera de anular esa inscripción porque, afirmó, existe “una verdadera conspiración” contra la referida candidata. Mencionó que el finiquito de la exfiscal está vigente, la falta de legitimidad de quienes han promovido los recursos de nulidad en su contra y los ataques contra el director del Registro de Ciudadanos, Leopoldo Guerra, que ha sufrido presiones, amenazas y chantajes por haberla inscrito. Según Mijangos, “es un hecho más que notorio la serie sistemática de acciones que han pretendido impedir la inscripción y la participación política” de esa aspirante. Ahora Aldana emprenderá el camino cuesta arriba en la CSJ y luego en la CC.

El martes pasado, la Cicig atizó el fuego al presentar un amparo en la Corte de Constitucionalidad (CC) contra los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), por haber rechazado el retiro de la inmunidad a Torres por supuesto financiamiento electoral ilícito. Pero ahora dio a conocer un dato interesante: la Cicig y la Fiscalía Especial contra la Impunidad presentaron el caso a la fiscal general, Consuelo Porras, el 11 de octubre del 2018, y esta lo trasladó a la CSJ hasta el 5 de febrero de este año, o sea más de cien días después, cuando la candidata de la UNE tenía derecho a antejuicio y no podía ser procesada. Tal demora contrastó con la celeridad con que Porras imprimió a la denuncia contra Aldana. El fiscal Melvin Medina dijo que “tocó correr” y “venir sábado y estar analizando qué vamos a pedir” para tener el caso listo antes de que esta candidata tuviera inmunidad. Ahora Consuelo Porras pasó de ser “vigilante” a ser una pieza clave de las fuerzas oscuras que tratan de acomodar las elecciones a sus intereses.

Zury Ríos tampoco está a salvo. La semana pasada la CC recibió la apelación del TSE contra el amparo definitivo que le dio la CSJ a la aspirante del partido Valor porque esta tiene prohibición constitucional de ser presidenciable, por ser hija de un golpista. Probablemente es injusto que Ríos tenga que pagar lo que hizo su padre, pero es una norma constitucional y para evitarla debería haber una reforma de la Carta Magna. Eso lo sabían los magistrados de la CSJ que favorecieron a Ríos y también a Torres, lo cual ha contribuido a dañar aún más su imagen y, de paso, los comicios. Estamos entonces frente a un proceso electoral judicializado y totalmente enredado a pocas semanas de las votaciones. Bien se pudo haber hecho todo el proceso de validación de la inscripción de candidatos en un tiempo mayor y no en uno tan ajustado como el actual. Es indudable el impacto negativo que afrontan las elecciones, cuya imagen se distorsionó y podría alejar a los votantes.