Emisoras Unidas tiene un comercial que llama la atención, porque hace público la pena de muchos: el régimen registral de la propiedad privada es poroso y delincuentes se apoderan de propiedades con documentos falsos, además se menciona un bufete compuesto por tres Abogadas dedicadas a ello. El jueves pasado fui invitado para dialogar sobre el tema por el amigo Felipe Valenzuela, en dicha oportunidad fue también entrevistada la auxiliar fiscal Ingrid Ajanel de la Fiscalía Metropolitana quien brindó números espantosos de este delito. Más de tres mil casos solo en esa fiscalía, ¿cuántos más en cada departamento y cuántos no se han denunciado?

Le debemos a don Edmundo Vásquez Martínez cuando fungió como Magistrado de la Corte de Constitucionalidad introducir el amparo para la defensa de despojos de propiedades; pero la justicia constitucional tiene sus límites y en muchos casos, si bien se brinda una protección temporal, remite para el debate de fondo a la justicia civil, lo cual lleva años y es oneroso.

No existe en nuestro sistema jurídico, salvo el amparo, herramientas que permitan defender una propiedad despojada de forma rápida y eficiente. El derecho humano a la propiedad privada es relativo cuando existen amenazas para despojos, los cuales en buena parte, quedan impunes porque la víctima tiene miedo o no cuenta con medios para defenderse.

Ancianos, herederos, migrantes, menores, personas incapacitadas, viudos y viudas, constituyen el principal objetivo de estos delincuentes, no importa la ubicación del bien, a nuestro sistema jurídico, primero por indolencia y luego por desgracia no le importa generar certeza. Los guatemaltecos tenemos un monumento dedicado a la indolencia administrativa y este se llama Registro de Información Catastral -RIC-, el cual manejó cataratas de dinero y supuestamente para el 2021 tendría todo el país catastrado, queda la invitación para ver sus pírricos alcances. Existe un Registro General de la Propiedad en la capital y otro en Quetzaltenango, sus raíces las encontramos en la Revolución Liberal de 1871 y ambos se rigen, para la mayoría de sus operaciones por el Código de Notariado de 1946 y el Código Civil de 1963, con este régimen legal poco puede hacer. De hecho, lo único que este escribiente le reconoce al nefasto gobierno de Jimmy Morales y Jafeth Cabrera es que sí se logró mejorar el Registro de la debacle heredada del Partido Patriota.

Notarios dedicados a la falsificación de documentos existen por granel y nuestras autoridades no mueven un dedo para cambiar el notariado, la Corte Suprema presidida por Gabriel Medrano Valenzuela empujó proyectos de reformas sustantivas hasta donde pudo, pero nada en concreto existe. En Guatemala, y este es nuestro mayor peligro, el derecho humano a la propiedad privada tiene tantas amenazas como los demás derechos humanos, léase, vida, libertad, igualdad si hablamos de los individuales; o trabajo, salud, familia y educación, si hablamos de los sociales, esto muestra su vulnerabilidad. El Salvador y Costa Rica cuentan con sistema de registro centralizado garantizándose mucho mejor los derechos de propiedad, es absurdo pretender atraer inversiones extranjeras y explicar a los responsables la sugerencia de “inmovilizar los bienes” porque se los pueden robar.

El robo de propiedades, como comúnmente se le llama a este delito, si bien es bastante generalizado se aprovecha del marco de impunidad porque tiene gente con mucho poder detrás de él. Es imposible que determinados notarios puedan ser ampliamente conocidos porque en sus despachos se mueven instrumentos falsos sin pudor y las autoridades permanezcan como si nada, en detrimento de muchos otros notarios honrados, capaces y que han sido señalados de forma injusta convirtiéndose en otras víctimas de la falsedad de su firma y sello.