Aparte de la pandemia que estamos enfrentando, también se enfrentan el Congreso de la República, Corte Suprema de Justicia y Corte de Constitucionalidad (CC), los tres órganos que, como se comenta a vox populi, han tenido las agallas de hacer caso omiso de la Constitución. Con ello nos están haciendo entrar en crisis.

Digo crisis porque el enfrentamiento se agudizó desde que se incumplió el plazo constitucional del 13 de octubre del 2019, el cual ordenaba en esa fecha, perentoria e impostergable, el cambio de los magistrados de la CSJ, así como de las cortes de Apelaciones. No se cumplió y con ello se quebrantó lo que ordenaba la Constitución. Justificaciones han sobrado. Una de ellas fue esperar más tiempo para depurar y seleccionar magistrados probos. ¿Permitía la Constitución hacerlo de forma extemporánea? Absolutamente no. Nadie puede cambiar la ley a su antojo. El fin no justifica los medios.

Pareciera que el coronavirus y el Sistema de Justicia en Guatemala fueran primos hermanos. Ambos están contaminando y propagando una terrible enfermedad. La primera, con afecciones en la salud, y la segunda, con afecciones al estado de Derecho. Es inconcebible que estos tres órganos no puedan apegarse a la ley y dejar fuera intereses personales. Deciden jalar cada uno por su lado, cuando estamos ante una crisis aún mayor, la que implica la supervivencia de miles de personas enfermas. Al actuar con arbitrariedad ponen en peligro nuestra democracia constitucional y republicana, y crean más caos, cuando debiéramos estar más unidos que nunca.

¿Será que es permisible violar la Constitución en tiempos de pandemia? Por desesperación y desánimo nos hace quizás tomar acciones desatinadas. Pero no podemos violar el principio de certeza y seguridad jurídica. Si violentamos la Constitución, nos da cabida a seguir haciéndolo a capricho cada vez que lo “creamos” necesario.

¿Dónde están nuestros principios y valores? Si los padres de la patria vieran estas acciones estarían revolcándose en sus lechos de muerte. Si la CC, que es la obligada a defender el orden constitucional, lo violenta e incumple, sienta las bases para que los demás órganos e instituciones del Estado, en cualquier momento, puedan también actuar con arbitrariedad.

Según juristas y connotados abogados constitucionalistas, entre ellos Ricardo Sagastume, la crisis se resolvería si cada una de las instancias involucradas pudieran ejercer su respectiva función constitucional preestablecida. Por lo tanto, el país y el sistema de justicia retomaría el rumbo si la CC dejara de interferir en las atribuciones y potestades que no le son propias y se limitara a defender exclusivamente el orden constitucional. Además, la comisión permanente del Congreso tampoco debiera actuar sin antes convocar al pleno del Congreso para definir una posición colegiada. Sin embargo, nos da risa, y por supuesto pena, ver a magistrados de la Corte de Constitucionalidad recetarse un segundo “autoamparo”, ya que con ello violan el esencial principio jurídico de que “nadie puede ser juez y parte”.

Por ello es imprescindible que estos tres órganos piensen en honrar el estado de Derecho y que el presidente de la República, quien constitucionalmente representa la unidad nacional, haga un llamado para que resuelvan el debilitamiento institucional. Se debe defender el modelo republicano porque la CC no es un poder de Estado, sino solo un órgano de control. Y más crucial ahora será ver cuáles serán las próximas actuaciones del MP.

Como ciudadana pienso que la situación jurídica está en crisis, y ya es hora de que lo resolvamos correctamente, si amamos a Guatemala.